Sin mencionar la palabra “Uber”, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata defendió el proyecto del Gobierno para regular a esta empresa, así como a “otras plataformas de transporte”.
El jerarca insistió en la necesidad de regular este servicio, el cual se pretende declarar como público. Afirmó que el tope que se busca imponer a la cantidad de vehículos en la plataforma se da para “brindar un servicio integrado” y agregó que “no es posible que cada quien decida cómo movilizarse de una forma indiscriminada”.
Méndez Mata atizó contra Uber, al afirmar que la empresa no ha colaborado con información sobre la cantidad actual de conductores, unidades y otros datos que le permitiría al Gobierno elaborar un proyecto más preciso.
Tras una consulta del diputado de Liberación Nacional, Roberto Thompson, el ministro aceptó que no hay certeza sobre los números alrededor de la operación de Uber, lo que obligó al MOPT a utilizar los últimos datos divulgados por la empresa ante los medios de comunicación.
“Sí nos basamos en los números, que no se han podido corroborar. Las empresas (Uber) se han negado a dar la información. No nos ha quedado más que hacer números en base a lo que ellos indican”, dijo el ministro.
Con estos datos, además de los gastos en los que incurrieron los taxistas en los últimos tres años, se exige que Uber pague unos ₡8.300 millones por cuota de inscripción, un monto catalogado como “una multa encubierta” por el procurador general, Julio Jurado.
La iniciativa de ley también propone el cobro de un 3% por cada viaje en Uber, el cual se destinaría al llamado Fondo Nacional de Movilidad, que sería administrado por el Consejo de Transporte Público. Tanto la inscripción como este cobro fueron señalados por el procurador como “desproporcionales e irracionales”, y podrían ser inconstitucionales.
“A mí me parece desproporcionado que haya 22 mil colaboradores de Uber en la GAM donde hay 2,5 millones de habitantes. Si nos basamos en esos números, uno de cada 30 vehículos estaría haciendo el servicio de plataforma de Uber”, agregó Méndez Mata.
¿Empleados?
La diputada del Partido Acción Ciudadana pidió que el ministro hablara sobre la posible relación obrero-patronal que se podría encontrar entre la empresa Uber y sus choferes.
“Una vez que esté regulado, las empresas tendrán que atender su responsabilidad legal”, dijo el ministro, de manera escueta.
Méndez Mata también aseguró que las personas que conducen unidades de “plataformas de transporte” sin ser dueños de esos vehículos deberían tomarse en cuenta como empleados de la plataforma.
La comisión de Asuntos Económicos recibió a Méndez Mata, y en días previos a líderes del gremio de taxistas, así como al procurador general y al viceministro de Tecnología y Telecomunicaciones. Una vez que se termine con la etapa de audiencias, el proyecto recibirá las modificaciones que los diputados consideren necesarias.
