Diputados de la Asamblea Legislativa presentaron este jueves una consulta facultativa de constitucionalidad al proyecto de “Ley para el fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal de Abangares”, con lo cual se impidió su votación en segundo debate.
La consulta fue presentada por un grupo de legisladores ante la Sala Constitucional y según el Gobierno, podría atrasar la votación del proyecto (Expediente 21.229) hasta un mes.
Dicha iniciativa fue aprobada este martes 27 de octubre en primer debate, por 40 diputados y diputadas y estaba previsto votarse en segundo debate en el plenario este jueves.
La consulta facultativa fue presentada por los diputados Jorge Fonseca (PLN), Patricia Villegas (PIN), Marulin Azofeifa (Independiente), María Vita Monge (PUSC), Paola Valladares (PLN), Luis Fernando Chacón (PLN), Daniel Ulate (PLN), Pedro Muñoz (PUSC), Zoila Rosa Volio (Independiente), Óscar Cascante (PUSC) y Melvin Núñez (PRN).
En su consulta, los diputados argumentan “inconexidad del proyecto” porque dicen que pretendía fortalecer y mejorar ambientalmente la minería artesanal que se lleva a cabo en el cantón de Abangares; pero “terminó siendo una licencia para explotación sin mayores controles”, que sustituye los deberes del Estado por una declaración jurada.
También afirman que no se consultó a las municipalidades involucradas, que explotan el recurso oro (Osa, Abangares y Golfito) y que en el Transitorio X da un plazo de 18 meses “a las personas que se dedican a esta actividad para que exploten la actividad sin ulteriores controles”.
Según ellos, el proyecto desaplica y debilita el ordenamiento jurídico ambiental porque en el mismo transitorio permite la explotación y procesamiento del oro a cooperativas de vecinos de Abangares y a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares (Uncada). Asimismo, señalan que viola el Convenio de Minamata sobre el mercurio”.
Colegio de Geólogos se opone; Gobierno se lamenta
La iniciativa alarga el plazo en que permite a las cooperativas de trabajadores dedicados a la minería a pequeña escala (o coligalleros) de Abangares usar la técnica de lixiviación con cianuro y mercurio para la extracción del oro en la zona.
También ordena un estudio sobre el estado de las solicitudes pendientes de resolución, así como de los permisos y las concesiones otorgadas en la zona; y sienta responsabilidades en los casos en que haya incumplimientos. Asimismo, exige al Poder Ejecutivo reglamentar en un plazo de tres meses las excepciones en las que se permite la explotación de oro, la asistencia y los incentivos para promover el desarrollo de tecnologías limpias y las alternativas productivas sustentables “como el turismo minero, la orfebrería y otras”.
Finalmente, establece vías para formalizar las concesiones -exclusivamente para las cooperativas- y dar acceso prioritario de los coligalleros de la zona a créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo.
El Gobierno emitió un comunicado, en el que lamenta que se haya presentado la consulta facultativa.
La ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, manifestó en un video: “Lamentamos mucho el retraso que se está dando a este proyecto; en este momento los coligalleros y el pueblo de Abangares necesitan soluciones. Este proyecto lo construimos con ellos para apoyarlos en el proceso de formalización y en la salida de uso productos químicos tóxicos, pero necesitamos dar señales claras y en este momento es un retraso importante hacer esa consulta”.
Agregó que “respetamos los criterios, pero volvemos a hacer el llamado importante de avanzar en soluciones claras, especialmente para el pueblo Abangares y para los coligalleros”.
Por otra parte, el Colegio de Geólogos manifestó su molestia por la aprobación del proyecto de ley en primer debate. En un comunicado de prensa declaró que “la exploración y procesamiento del oro debe incluir todo el país”; y que están en total desacuerdo, con un proyecto que involucre únicamente a una sola región, en este caso Abangares.
El Colegio solicitó a los diputados a preparar “un proyecto integral que involucre a todas las regiones del país, y no a realizar leyes particulares para cada región y menos proyectos discriminatorios de subsistencia como si se tratara de ciudadanos de segunda categoría”.