Reforma a sistema de pensiones judiciales se publicó este martes en La Gaceta

Interponen acciones de inconstitucionalidad contra nuevo régimen de pensiones del Poder Judicial

Denunciantes alegan doble imposición en rebajas a la pensión, así como aprobación de texto sustitutivo sin previa consulta al Poder Judicial .

Luego de que este martes se publicara en La Gaceta el nuevo régimen de pensiones del Poder Judicial, un grupo de empleados judiciales presentó dos acciones de inconstitucionalidad contra la nueva ley.

La primera, interpuesta por Juan Carlos Sebiani, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Anprojud), quien reclama que el proceso no siguió las reglas de consulta y por eso debe declararse inconstitucional, además, carga con una doble imposición a las jubilaciones, a su criterio.

Sebiani alega que la nueva disposición de delegar la administración del fondo de pensiones a una junta administradora no fue consultada con el Poder Judicial. Los recursos del fondo han sido manejados por personal administrativo y no por entes independientes, y que esta decisión debió someterse previamente a consulta, según el presidente de Anprojud. “Está viciado porque no se consultó con el Poder Judicial”, dijo.

Además, la ley permite a esta junta la potestad de regular y restringir el derecho a la pensión, y esto viola el artículo 28 de la Constitución Política. “Esos cambios regulatorios del derecho a la pensión de los servidores judiciales sólo pueden hacerse mediante una ley formal aprobada por la Asamblea Legislativa y no mediante la emisión de actos administrativos por parte de un órgano desconcentrado del Poder Judicial”, agregó.

La nueva ley impone un monto máximo de rebajos del 55% del total de la pensión, a lo que el denunciante alega que ese porcentaje debe ser sobre las ganancias brutas y no sobre el monto de la jubilación.

“Las normas recurridas transgreden el derecho a una pensión justa, por ser excesivos los rebajos, desproporcionados e irrazonables. Ni siquiera los porcentajes aplicados al impuesto sobre la renta, son tan elevados a los aquí establecidos”, explicó.

De acuerdo con Anprojud, la nueva ley impone una doble imposición, ya que por un lado, los jubilados deben aportar un 13% de su pensión, y están sujetos a la contribución especial entre el 35% y 55 sobre el tope establecido.

Otro de los argumentos de la acción presentada este martes, es que las cargas de los trabajadores del Poder Judicial exceden las que soportan los afiliados al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, hasta en 9 puntos porcentuales.

Anprojud también señaló una supuesta violación al artículo 167 de la Constitución, luego de que la nueva ley fuera aprobada con 31 votos, requiriendo como mínimo 38 votos (dos terceras partes).

La otra acción de inconstitucionalidad fue planteada por el abogado Mario Mena, presidente de la Asociación Nacional de empleados judiciales, quien empleó argumentos similares a los de Anprojud.

Además, agregó que en primer debate se aprobó fue un texto sustitutivo, introducido por una moción en la Asamblea Legislativa, y debió ser consultado con la Corte Suprema de Justicia.

“Esa ley afecta la organización administrativa del Poder Judicial por la creación de un nuevo órgano administrativo dentro de su estructura, otorgándole competencias sustanciales en materia de pensiones y jubilaciones; y, a la vez, suprime competencias otorgadas previamente por ley al Consejo Superior del Poder Judicial”, se lee en la acción.

Criterio de magistrados

El pasado 12 de abril, los magistrados de la Sala Constitucional no encontraron vicios de inconstitucionalidad en el proyecto, tras una reñida votación de cuatro votos a tres. En ese entonces, los jueces Nancy Hernández, Paul Rueda, Fernando Castillo y el suplente Alejandro Delgado no encontraron irregularidades, mientras que Fernando Cruz, Luis Fernando Salazar y Luis Paulino Hernández salvaron el voto, tras afirmar que el plan de ley sí presenta “vicios esenciales de procedimiento” que lo afectan en su totalidad, razón por la cual estimaron innecesario entrar a analizar los alegatos de fondo planteados por los consultantes.

El nuevo régimen

La ley que reforma al régimen de pensiones judiciales se aprobó el 30 de octubre del año pasado en primer debate. Posteriormente, fue enviado a consulta al Poder Judicial.

La reforma eleva la edad de jubilación de los funcionarios judiciales a 65 años. Además, el aporte de estos empleados pasa de un 11% a un 13%.También, se establece un tope de ¢4 millones a las pensiones de ese régimen.

Inicialmente, los magistrados propietarios se habían inhibido de conocer este asunto por considerar que ya habían participado en discusiones en Corte Plena sobre este tema y que, además, ellos cotizan en ese régimen. No obstante, luego de que varios suplentes también se inhibieran, los propietarios debieron resolver la consulta.


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