La Fiscalía General de la República iniciará un pulso este jueves contra la defensa legal del expresidente Óscar Arias, con el fin de lograr la apertura de un juicio por el caso Crucitas, pues se le acusa de firmar un decreto en 2008 donde declaró el proyecto de minería a cielo abierto “de interés público y conveniencia nacional”.
La audiencia preliminar que otorga el Juzgado Penal de Hacienda comenzará este jueves a las 8 a.m. en los tribunales penales de Goicoechea y se extenderá hasta el 7 de febrero.
¿En qué consiste este proceso?
Se trata de una especie de filtro en donde la Fiscalía expone los hechos y la prueba que maneja para fundamentar su acusación. De esta manera, la parte acusadora desglosa las razones por las cuales considera que Arias cometió un delito y que por ende, el caso merece ser elevado a juicio.
Después de esto, es el turno de los argumentos de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Aprefloras), así como de la Procuraduría General de la República, abogado del Estado.
Posterior a estas participaciones, se escuchan los argumentos de la defensa. Por tratarse de una audiencia preliminar, no es necesaria la presencia del expresidente. Este caso se verá en el mismo expediente del exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien también firmó el decreto. Otros seis imputados que laboraron para la Secretaría Técnica Nacional (Setena) y el Registro Nacional Minero figuran en el mismo expediente.
Apelación rechazada
Este miércoles un juez penal rechazó los alegatos de la defensa de Arias, así como una petición de una vista para exponer por qué no se debería aceptar la unificación de expedientes (juzgar el caso de Arias junto con el de Dobles y los otros seis imputados), según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
De acuerdo con el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de San José, la acumulación de las causas no causa un gravamen irreparable al expresidente, sino lo que busca es “favorecer a la misma en un proceso penal, revestido de garantías procesales”.
“Al observar la resolución recurrida notamos que la decisión de acumular las causas se basó en varios aspectos a valorar, que las causas eran conexas, que en ambas se trataban de los mismos hechos, que en ambas causas existía prueba común y por último que ambas causas se encontraban en la misma etapa del proceso”, se lee en el voto.
Por su parte, el representante legal de Arias, Rodolfo Brenes, valora tomar acciones contra esta resolución. El abogado alegó que el juez omitió convocar a una audiencia oral y “eso viola el debido proceso”. “Ante una apelación, el juez tiene que citar a esa audiencia, en cambio, no nos llamó. Estamos valorando este punto”, dijo.
“Aunque la oralidad dentro del proceso penal actual tiene una preponderancia y es parte de las políticas institucionales, dadas las ventajas que ofrece en cuanto a consecución de derechos legales y constitucionales de las partes, se considera que el estudio de admisibilidad de un recurso, como el presente, puede ser realizado sin la convocatoria oral”, afirma el juez en la resolución.
¿Por qué se le juzga?
A Óscar Arias se le señala por firmar un decreto en donde declaró el proyecto de minería a cielo abierto, en Crucitas, de “interés público y conveniencia nacional”, en octubre de 2008.
El proyecto estaba a cargo de la compañía canadiense Industrias Infinito y se iba a desarrollar en Cutris, San Carlos, pero una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión a finales de noviembre del 2010.
La Fiscalía acusa a Arias del delito de prevaricato, el cual es cometido cuando una autoridad dicta una resolución arbitraria, injusta y contraria a la ley.
Por el mismo acto se juzgó al exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien también firmó el mismo decreto presidencial Nº. 34801-MINAET. De hecho, Dobles fue sentenciado a tres años de prisión, sin embargo, el fallo fue anulado por el Tribunal de Apelación.
El caso se reabrió en noviembre de 2017 tras la llegada de la nueva fiscala general, Emilia Navas. En agosto de 2018 presentó la acusación formal y en noviembre indagó al expresidente, en las oficinas del Ministerio Público.
“El argumento principal es que aquí no se cometió ningún delito de prevaricato. La acusación de la Fiscalía carece de prueba que ligue a don Óscar con un hecho irregular”, dijo el abogado del exmandatario.
Al considerar que se trata de un mismo hecho, la Fiscalía logró que el caso de Arias sea estudiado dentro del mismo expediente que el de Dobles.
En el mismo caso se investiga a Cinthya Cavallini Chinchilla, exjefa del Registro Nacional Minero; Sonia Espinoza Valverde, exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), así como a Eduardo Lezama Fernández, Jorge Boza Quesada, Carmen Cruz Ramírez y José Corrales Arias, exfuncionarios de Setena.
¿Por qué otra vez? De acuerdo con Emilia Navas, se encontró nueva evidencia que permitió formular una nueva acusación, sumada a las pruebas que se tenían de la investigación anterior.
“Lo estudiamos, determinamos que había que investigar e indagar. Finalmente, con toda la prueba que ya existía y que nosotros después trajimos al proceso, esa prueba nos permitió arribar a la probabilidad de que esos hechos sucedieron y constituyen dos delitos de prevaricato, y el presunto responsable es el señor Arias Sánchez, por eso formulamos una acusación”, dijo Navas, en setiembre pasado.
