Tras el asesinato de Berta Cáceres numerosas organizaciones ambientalistas, indígenas y feministas han manifestado su indignación y condena.
El asesinato fue perpetrado entre las 11 p.m. del 2 de marzo y la 1 a.m. del 3 de marzo, según diversas versiones, por personas que forzaron la entrada a su casa de habitación.
Cáceres fue una líder indígena lenca quien desde la coordinación del Consejo Cívico de Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se opuso exitosamente al megaproyecto de la empresa estatal china Sinohydro y la local Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que buscaban construir una represa hidroeléctrica que amenazaba con un enorme daño ambiental y el desplazamiento de comunidades indígenas.
Esa lucha le valió a Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, pues, según el sitio oficial, “en un país con crecientes desigualdad económica y violaciones a los derechos humanos, Berta Cáceres unió al pueblo indígena hondureño lenca y llevó a cabo una campaña de bases que exitosamente presionó al mayor constructor de represas del mundo para abandonar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”.
Sin embargo, la lucha de Berta Cáceres fue mucho más amplia que ese proyecto puntual, pues desde que en el 2008 el ejército hondureño y las élites locales tomaron el poder a través de un golpe de estado, Cáceres vivió en una situación constante de amenazas.
De hecho, desde el 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas de protección que en su favor debía tomar el Estado hondureño, lo cual no evitó que en mayo del 2013 fuera detenida en un operativo militar en la localidad de Santa Bárbara.
El gobierno de Honduras por su parte emitió un comunicado -reproducido por el diario La Tribuna- en el que calificó el hecho como un “abominable crimen” y en el que responsabilizó a la propia Cáceres por haber solicitado que se le quitara la vigilancia permanente, además “supuestamente ella era propietaria de la residencia en la residencial El Líbano, donde ella murió, la cual no estaba registrada en nuestro datos, como parte de su domicilio”.
“ASESINATO POLÍTICO”
El COPIHN por su parte a través de la cuenta en Facebook de Cáceres emitió un comunicado en el que la organización aseveró que “nuestra Berta fue asesinada por las balas de la injusticia, asesinada por el odio y el racismo que gobierna nuestro país”.
“Las amenazas a Berta y a los demás miembros de la organización han sido siempre denunciados nacional e internacionalmente. Sin embargo las instituciones hondureñas han hecho absolutamente todo para negar la justicia y la existencia del COPINH”, añade el texto.
La organización hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional ante “estos hechos y política de agresión y de estrategias de las empresas para acaparar y privatizar los bienes comunes y de la naturaleza y de violación sistemática de los derechos del pueblo lenca”.
“Este es un hecho que ocurre en un gobierno despótico, porque ella se había movido a una casa de seguridad tratando de protegerse de los militares y los secuaces de los inversionistas de las represas de ríos que la buscaban para matarla por su lucha en defensa de la vida, de los pueblos indígenas y de las mujeres”, expresó Austrabertha Flores, madre de Cáceres.
Esas declaraciones fueron difundidas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), que igualmente condenó el “asesinato político”.
Por esa misma vía el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de Radio Progreso, expresó que con el asesinato Cáceres “hemos llegado al máximo nivel de indefensión en el país y así el nivel de seguridad de las personas e instituciones que luchan contra las transnacionales extractivistas, pasa a un nivel extremista”.
Por otra parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenó “enérgicamente” el asesinato y exigió una “investigación diligente e inmediata”. A través de un comunicado esta organización además fustigó a las autoridades del gobierno hondureño: “CEJIL deja constancia de la deficiente e insuficiente protección que se le brindó a Berta, tal y como se ha podido comprobar con el desenlace de estos acontecimientos”.
Al recordar la lucha contra el proyecto hidroeléctrico, el comunicado del CEJIL apunta que “Berta y otros integrantes del COPIHN fueron constantemente agredidos y amenazados por personas afines al proyecto”.
La organización Voces Nuestras -que lleva a cabo proyectos informativos y de comunicación en toda la región- recordó a través de su cuenta en Facebook que desde el 2002 más de una centena de ambientalistas han sido asesinados y que más del 90% de esos crímenes se mantienen impunes. La organización apuntó que “repudiamos el asesinato político de la dirigenta indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres y exigimos que no quede impune”.
En Honduras el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) coincidió en calificar el crimen como un “asesinato político” del cual responsabilizó “al régimen que dirige Juan O. Hernández -el presidente hondureño- que ha sumido a la población hondureña en los más altos niveles de represión política y social del país en las últimas décadas”.
La solidaridad internacional que solicitó el COPINH ya da muestras de movimiento. En Argentina ya se organiza una manifestación ante la Embajada hondureña para el viernes 4, mientras que en Costa Rica la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres organiza una manifestación hoy mismo, jueves 3 de marzo, en la rotonda de la Hispanidad, a partir de las 6:30p.m.
