El sacerdote Mauricio Víquez fue expulsado de por vida de la Iglesia católica, tras la presentación de nueve denuncias en su contra por los delitos de violación y abuso sexual.
La decisión final la tomó el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, luego de recibir una sugerencia del Vaticano, que estudió las denuncias canónicas contra Víquez y aún analiza la denuncia por supuesto encubrimiento contra el jefe de la Iglesia católica costarricense.
“Impóngase al Reverendo Padre Mauricio Víquez Lizano, sacerdote de la Arquidiócesis de San José (Costa Rica, América Central), pena perpetua y expiatoria de expulsión del estado clerical”, se lee en la resolución.
“Aquí había un proceso y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Siempre a las víctimas se ha atendido y se ha escuchado. Ya hoy damos concluido este proceso”, dijo Jeison Granados, vocero de la Arquidiócesis de San José.
José Rafael Quirós, sabía de las quejas contra Víquez por abuso sexual desde 2003 (cuando fungía como vicario) situación que comunicó al entonces jefe de la Iglesia, monseñor Hugo Barrantes. La decisión en ese momento fue separarlo de sus funciones parroquiales y asignarle otras, por ejemplo, la vocería en temas de matrimonio. De hecho, Quirós lo nombró Director del Instituto Arquidiocesano de Investigación Histórica y Patrimonial el 31 de agosto de 2017.
Sobre la responsabilidad de la Iglesia, Granados considera que el actuar de la cúpula siempre fue el correcto. El vocero dijo que se actuó conforme a la solicitud de los denunciantes, quienes pidieron el anonimato y la separación del sacerdote de funciones parroquiales.
“Habiendo actuado en lo que a él corresponde como Obispo diocesano y conforme a derecho, se le dio trámite a la denuncia presentada inicialmente por dos de las víctimas de abuso sexual, por parte de Mauricio Víquez Lizano. Las otras víctimas que se fueron agregando, igualmente fueron escuchadas, se les tomó declaración y todo ello ha venido a esclarecer, conforme a la verdad,
lo dolorosamente acontecido. Observando la normativa canónica, al demandado se le dio el derecho a responder de lo que se le acusaba, conoció lo que contiene el expediente e igualmente declaró”, explicó la Arquidiócesis de San José en un comunicado.
Se busca
Actualmente Víquez tiene una denuncia penal en su contra por el delito de violación, la cual prescribe en setiembre próximo. La Iglesia católica le avisó de la denuncia en diciembre anterior y Víquez huyó del país el 7 de enero. Ante este señalamiento, la Iglesia aclaró que la denuncia penal figuró como prueba en el proceso canónico y que las reglas exigen comunicar de esto al denunciado.
El Tribunal Penal de Desamparados emitió una orden de captura internacional el pasado 19 de febrero, con el fin de que Víquez rinda cuentas en el país.
