La Iglesia Católica emitió este viernes por la tarde un comunicado en el que rechazó el proyecto de ley 21.383 presentado por la diputada oficialista Paola Vega, el cuál permitiría que los enfermos terminales accedieran a la eutanasia.
Para el sacerdote de la Conferencia Episcopal, Mauricio Granados, el Estado nunca puede decidir que la vida de un ciudadano no tiene sentido.
“Al ser la vida humana un don tan grande pretender dominio sobre ella trae consigo un desmoronamiento de la ética social. La sociedad no puede quedar indiferente ante la posibilidad de “matar” a una persona. La violencia que toleramos en tantas formas ya nos habla de esta pobreza social, que la eutanasia agravaría. Las leyes en favor de la eutanasia solo agravan la cultura de la muerte”, señaló Granados.
Los obispos externaron también que el ser humano no es dueño absoluto de la vida, por esta razón no puede disponer de su propia vida, ni la de los enfermos.
Además, aseguran que la muerte digna solo ocurre cuando se mantiene cercanía con el enfermo.
“Morir de una forma digna solo se realiza cuando se mantienen las relaciones personales con el enfermo, en una cercanía real y humana con su persona. Una tal autonomía que justifique la eutanasia o el suicidio asistido, no es otra cosa que la negación de la verdadera ayuda al moribundo para aceptar su muerte”, aseguró Granados.
Proyecto
El proyecto de ley tramitado bajo el expediente 21.383 propone que las personas con enfermedades terminales participen de forma activa en la toma de sus decisiones. Asimismo, el paciente tendrá derecho a la atención en cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida y la eutanasia solo podrá ser solicitada por la persona al médico tratante, a través de un “testamento vital”.
En cuanto al “testamento vital”, el proyecto de ley señala que la persona -incluso antes de estar enferma- podrá realizar una manifestación anticipada donde informe su decisión de obtener una muerte digna, de no someterse a tratamientos médicos innecesarios y de rechazar la utilización de máquinas o medios artificiales para mantener la vida. También puede consignar en caso de perder sus capacidades cognitivas, quien estará a cargo de la toma de decisiones médicas.
El documento deberá formalizarse por escrito ante notario público y con la presencia de dos testigos. Este podrá ser revocado en cualquier momento por la persona que lo suscribió de forma verbal o escrita según sus posibilidades y ante testigos.
La iniciativa además prohíbe el encarnizamiento terapéutico por parte del personal tratante; es decir, que los médicos opten por medidas que no conducen a la mejoría de una persona en fase terminal sino a retrasar su muerte.
