Los procesos judiciales relacionados con delitos de corrupción tienen un tiempo de resolución promedio de 32 a 35 meses, pero algunos pueden extenderse hasta los 3.091 días, es decir 8,4 años.
Este es uno de los resultados que contiene el último Informe Estado de la Justicia, elaborado por el programa Estado de la Nación, tras analizar las estadísticas del Poder Judicial para el año 2017.
De acuerdo con el informe, la mediana en la cantidad de tiempo que toma llegar a algún tipo de resolución (desestimaciones, sentencias, etc.) en casos de corrupción es de 758,5 días (unos 25 meses).
Sin embargo, el Estado de la Justicia halló que existe un 10% de los casos que se extendieron hasta los 2.547 días en promedio (6,9 años).
Cuando los casos terminan en desestimaciones, el 40% de las causas se concluye en un periodo menor a los 311 días, mientras que en el caso de las desestimaciones, el 70% tardó 756 días o más en resolverse.
El informe también apunta que la prescripción se presentó en el 8% de los casos juzgados, lo que debilita la denuncia como instrumento de combate a la corrupción y eleva la sensación de impunidad.
Entre el momento en que el Organismo de Investigación Judicial pasa su informe sobre un caso y el traslado del mismo que hace el Ministerio Público a Juzgado, se detectó que la fiscalía tardó en promedio 543 días en hacer este traslado; mientras que desde el ingreso del expediente hasta la resolución en el Juzgado, se cuenta con un promedio de 446 días.
El Estado de la Justicia analizó 370 expedientes de casos de corrupción concluidos en 2017, entre los cuales destacó el delito de peculado (sustracción o uso irregular de recursos públicos) con un 32%.
El segundo delito en importancia fue el incumplimiento de deberes, con un 84%.
El informe revela que en 2017 solo uno de cada diez casos relacionados con corrupción en el país llegó a la etapa de juicio, mientras que las desestimaciones y sobreseimientos son el final más frecuente para este tipo de causas con un 46% cada una.
