El Consejo de Transporte Público no debería tener a su cargo la administración de un fondo millonario que se financiará con los pagos que los costarricenses hagan al viajar en Uber. Este es el criterio que externó este miércoles por la tarde el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos.
El razonamiento de Acosta se da en medio de la discusión del proyecto que pretende regular a Uber y a “otras plataformas de transporte”, presentado por el mismo Gobierno a finales de enero anterior.
El viceministro se refirió al artículo 24 de esta iniciativa de ley que plantea la creación del “Fondo Nacional de Movilidad”, el cual se financiaría con el pago de inscripción de las empresas que quieran brindar servicios de transporte a través de aplicaciones, así como del 3% sobre el precio final de cada viaje en estas plataformas.
“Con la aprobación de este proyecto de ley estaríamos creando un fondo con personería jurídica y con la posibilidad nuevamente de salirse de la regulación que hoy queremos hacer a través de los presupuestos. Es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa definir en qué se gastan los recursos. Este 3% crearía una figura que estaría saliéndose de esta inteligencia”, advirtió el viceministro.
La idea del ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, es que en los primeros ocho años un 80% de este fondo se utilice para financiar que los taxistas puedan comprar un vehículo nuevo, mientras que el restante 20% se usaría para brindar asistencia social a taxistas en condiciones de vulnerabilidad.
Acosta afirmó que la administración del fondo le brinda potestades al CTP que no tiene. “No les compete analizar la situación socioeconómica de los beneficiarios del fondo. Además, ¿cómo podemos autorizarle a un ente público participar en el mercado financiero emitiendo títulos?”, agregó.
El jerarca de Hacienda también advirtió que la pretensión de cobrar un tributo del 8,5% sobre remesas al exterior puede generar una doble imposición. “La empresa de plataformas en algún momento regresa alguna parte de ese cobro a algún costarricense en territorio nacional. Si éste se somete al impuesto sobre la renta, podría tributar dos veces”, dijo.
Inconstitucional
El procurador Julio Jurado advirtió a inicios de marzo que podría haber inconstitucionalidad en la creación del Fondo Nacional de Movilidad, porque el proyecto violentaría el principio de caja única del Estado, en donde estos recursos se administrarían con total independencia y al margen de este concepto.
Además, señaló que el monto de “inscripción diferenciada” que se le cobraría a Uber de ₡8.300 millones es desproporcionado y la considera “una multa encubierta”. El proyecto establece montos de ₡44 millones para registrar empresas privadas de transporte.
Jurado también advirtió que la posibilidad de emitir títulos valores podría ser ilegal, y la etiquetó de “un cheque en blanco para endeudamiento”.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos han recibido a representantes del sector de taxis, jerarcas de tecnología y telecomunicaciones, así como al ministro Méndez Mata. La idea es hacer una serie de modificaciones o crear un proyecto nuevo para la regulación de Uber.
En el siguiente enlace puede acceder al proyecto de ley propuesto por el Gobierno.
