Costa Rica establecería un compromiso crediticio de $2.250 millones con el Fondo Moneterio Internacional (FMI), según dijo el ministro de Hacienda a los diputados.
El liberacionista Wagner Jiménez cuestionó por el futuro “plan de ajuste estructural” que servirá para cumplir con esa deuda. Es decir, un préstamo rápido (RFI) que ya está en trámite dentro de la Asamblea Legislativa y, después, un futuro acuerdo de stand-by, negociado por medio del Banco Central.
“Serían alrededor $2.250 millones y hay que descontar $500 millones del préstamo rápido (RFI). Estaríamos hablando de unos $1.750 millones”, afirmó el ministro Elián Villegas.
“Lo que tenemos pensado trabajar con el FMI ya está, en gran medida, diseñado, pero está sujeto a varias fases previas. Una de ellas es una conversación amplia con todos ustedes. Esa conversación, le reitero: es previa a ir a hablar con el FMI”, se comprometió Villegas.
Además de ese diálogo, Villegas anunció un proceso de “escucha y diálogo”, según dijo a los diputados, “ante la delicada situación económica y fiscal y de cara a las negociaciones con el FMI”. Los detalles del diálogo serán anunciados por Presidencia, esta semana.
Durante el diálogo de preguntas, el diputado Jiménez preguntó si esas negociaciones incluyen “venta de activos, empleo público y un nuevo ajuste fiscal”.
“El Gobierno ha sido constante en mencionar que, en la parte de venta de activos, se está hablando de la venta de BICSA y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). De hecho, en este momento, se terminaron los términos de referencia para contratar una consultoría que señale cuál sería el valor de Fanal”, afirmó Villegas al legislador.
Esta mañana, Villegas también anunció futuros impuestos “solidarios y progresivos” para generar recursos frescos para Gobierno.
Consultado por el diputado José María Villalta (Frente Amplio) sobre esa propuesta tributaria, el ministro de Hacienda afirmó que “tendrá que ver con propiedad y rentas altas”.
“En los próximos días le refiero todo el detalle”, afirmó Villegas.
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La aprobación de empréstitos continúa siendo un tema crítico para la Asamblea Legislativa.
El diputado Wálter Muñoz fue crítico de una negociación entre Gobierno y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que reafirmó un 10% de cada préstamo aprobado por el congreso para paliar la deuda que Gobierno mantiene con la institución de salud. Muñoz llamó el 10% comprometido de ese endeudamiento con el FMI un “diezmo prestatario”.
De acuerdo con Villegas, en el 2021, el país necesitará financiar con crédito a un porcentaje aún más alto del PIB. Este año será de un 14,14% y el siguiente será del 15,02%.
Desde el PUSC, Villegas recibió presiones para otro tipo de medidas económicas que generen nuevos ingresos al Gobierno.
El legislador Erwen Masís preguntó por “extracción de oro, colocación de bonos verdes, gas natural, petróleo, recuperación y extracción de mercurio en la zona afectada de Crucitas, concesión de islas, la venta de la zona concesionada de Papagayo, un proyecto real sobre cáñamo y cannabis, si han hablado de convertir a Costa Rica en un banco de oro y si han visualizado la productividad de las empresas del Estado”.
Masís dijo que no tiene interés de participar en una mesa de diálogo nacional la que “nos vengan a decir que vamos a meter impuestos o que solo vamos a disminuir el gasto”.
“La productividad de las empresas del Estado es un tema que ocupa al Gobierno, se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de producción de cáñamo. De los ocho elementos que señala, eso son los dos que han estado en la agenda del Gobierno”, afirmó Villegas.
De acuerdo con las medidas anunciadas por Villegas, para las necesidades de ingresos de Gobierno, el país apunta hacia: un programa de empréstitos con ocho créditos (dos de ellos son los del FMI y un tercero es un préstamo que financiaría el sistema Hacienda Digital, para reducir la evasión tributaria); una emisión de eurobonos por $4.500 millones en el 2021 (esto también debe ser estudiado y aprobado por la Asamblea Legislativa); ingresos tributarios con la eliminación de exoneraciones y tributos a la propiedad y rentas altas; contracción del gasto público con medidas previamente anunciadas (por ejemplo, la ley de Empleo Público).
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