El director ejecutivo ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, participó de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor para rendir cuentas sobre la accesibilidad que tiene el edificio nuevo.
Entre los señalamientos que Ayales admitió sobre el edificio estuvo un mostrador del ingreso principal que es muy alto para las personas que usan sillas de ruedas y la ausencia de un mecanismo en ascensores para que las personas no videntes elijan el piso que necesitan (el edificio de 21 pisos depende de ese sistema de ascensores, sin contar con escaleras cercanas a dicho sistema). Estos casos fueron señalados en una visita de personas del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
Activista advierte que nuevo edificio legislativo excluye a personas con discapacidad
Observaciones de accesibilidad se suman a otras quejas por acceso al Internet y, también, por imprevistos en pisos exteriores de la Asamblea Legislativa
Y es que, de acuerdo con la coordinadora de la Unidad de Discapacidad de la Asamblea, Yenory Salazar, planifican ejecutar en el 2021 una contratación de “bajo costo” para una herramienta tecnológica de geolocalización que, también, facilite el movimiento de personas con discapacidad en el edificio.
Sin embargo, Ayales, en posterior intervención, señaló que su compra está incluida en una partida del presupuesto ordinario 2021. Ayales explicó que el “software Lazarillo” forma parte del presupuesto, pero que existe una rebaja “de 100 y resto millones” en el dinero para el congreso. UNIVERSIDAD informó este miércoles que los recortes al presupuesto están pendientes a que el plenario acepte una propuesta nueva de Gobierno, con recortes de ¢104.500 millones, y que concrete mociones para recortar o aumentar gastos de partidas que considere pertinentes.
Ayales afirmó que sí está en riesgo en la aplicación del “expediente electrónico”, o sea, la digitalización pública de los materiales de los expedientes legislativos.
De acuerdo con Salazar, el software Lazarillo permitirá que “personas con discapacidad visual y auditiva” reciban información de las galerías de retratos que tiene la Asamblea Legislativa (con retratos de personas ex Presidentas, personas e instituciones beneméritas y, también, de ex Jefes de Estado).
Solo 3 de 24 instituciones cumplen con ley que reserva plazas para personas con discapacidad
Desde que la ley fue aprobada se han contratado un total de 253 personas con discapacidad en las instituciones del estado.
En el tema de la señalización, la diputada Mileidy Alvarado se quejó de que ella se “pierde” en el nuevo edificio y debe pedir ayuda a funcionarios para llegar al parqueo, y pidió que se tomen medidas temporales.
Dado que, por la pandemia de COVID-19, el ingreso de particulares a la Asamblea Legislativa está restringido, la diputada Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional) aseguró que ella se “preocuparía más por atender las medidas de prevención sanitaria”.
“Cosas como ese mostrador tan alto, que el ascensor por fuera no tenga como explicar a las personas, (esas) son las que tenemos que valorar el tiempo en que esperamos resolver. Yo espero que el próximo año volvamos a recibir un poco más de gente porque la Asamblea así lo amerita”, afirmó Rodríguez.
Ayales explicó que tuvieron problemas con la licitación de la empresa de limpieza, tema que se resolvió hasta ayer. Para solucionar el mínimo de personal de limpieza de este primer mes en el edificio, tuvieron que solicitar que ujieres también hicieran también este trabajo (los ujieres, más bien, atienden el protocolo de plenario y comisiones).
Entre otros problemas de contratación, la Unidad de Discapacidad de la Asamblea debería contar con tres intérpretes de lenguaje de señas (LESCO) para traducir las actividades que transmite la Asamblea por televisión y YouTube.
Solamente hay una persona contratada para esa labor, se señaló, aunque la Asamblea tiene transmisiones inclusive de hasta 12 horas, entre el tiempo de comisiones y plenario.
De acuerdo con Ayales, ese nombramiento fue trabajo de la presidenta de la Comisión de Discapacidad, Catalina Montero. Esta diputada destacó que es la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Asamblea omite publicar información en su sitio web sobre el tema.
En la sesión, Montero dijo que “esta comisión debería tener intérprete”, limitación que ocurrió precisamente por dificultades en la contratación del servicio.