Gobierno y taxistas se enfrentan una vez más por regulación de Uber

Los transportistas entregaron una lista de peticiones al Gobierno este martes, las cuales serán evaluadas en los próximos días por los jerarcas, sin embargo, no descartan una nueva manifestación en los próximos días.

Entre el Gobierno de la República y el gremio de los taxistas, las disputas no cesan. Este martes se llevó a cabo una nueva manifestación de los taxistas a las afueras de Casa Presidencial para reclamar la regulación de la operación de Uber en el país.

Los taxistas se reunieron con el  viceministro de Obras Públicas y Transporte, Eduardo Brenes, y presentaron una propuesta que consta de 8 puntos, la cual  no varía mucho de lo que han solicitado tiempo atrás: que el Estado indemnice a los taxistas, que se intensifique los operativos de tránsito o que se giren las órdenes para el cese de operaciones de Uber en el país.

El gremio también pidió otras cosas como que el ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) bloque la aplicación y que el Gobierno negocie con Uber la compra de los derechos de cada concesionario.

Tras el encuentro de este martes, los transportistas indicaron que esperarán la repuesta del Gobierno, pero que no descartan otra manifestación nacional en los días siguientes. El ministro de la cartera, Rodolfo Méndez, no estuvo presente en la reunión por otros compromisos de agenda. 

El viceministro indicó que el compromiso adquirido tras el encuentro fue elevar las peticiones a los jerarcas y dar una respuesta en los próximos días. 

Por su parte, el líder de la Unión de Taxistas Costarricenses, Rubén Vargas, detalló que un grupo del gremio mantuvo una sesión con el ministro Mata días atrás en la que se le pidió al jerarca la conformación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa dedicada a trabajar el tema de la regulación.

El líder de los taxistas señaló  que están de acuerdo con una parte del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para regular a las plataformas tecnológicas de transporte como Uber, pero que son necesarios algunos ajustes.

“Dentro del grupo de nosotros estamos conscientes de que el proyecto, con unos pequeños cambios, sí pasa; aquí lo aceptamos, lo que pasa es que si los cambios que nosotros pedimos no son aceptados, nosotros no aceptamos de ninguna manera una regulación”, detalló Vargas.

“Aquí hay dos salidas: una dentro del marco de la legalidad que es la que nosotros estamos llevando y otra que se podría hacer eventualmente fuera del marco de la legalidad: que sería tomar la ley por las propias manos y eso no lo avalamos nosotros”, añadió.

Este martes, una centena de taxistas partieron desde distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) hasta Casa Presidencial para protestar por la falta de regulación de Uber. La zona se mantuvo rodeada por oficiales de tránsito y de Seguridad quienes colocaron vallas de Seguridad bloqueando el paso de carros alrededor del perímetro.

Los taxistas parquearon sus carros a la orilla de la pista y se bajaron a levantar la voz a las afueras de la Casa Presidencial. 

Sobre el proyecto de ley

El proyecto que presentó el Poder Ejecutivo el pasado 22 de enero a la Asamblea Legislativa pretende que se cobre a Uber y a las empresas de transporte privado un monto por operar legalmente y adicional un 3% -del monto cobrado por cada viaje- para financiar la modernización de la flotilla de taxis del país durante ocho años.

El monto que se le cobraría a Uber sería de ₡8.300 millones, por haber iniciado operaciones antes de la vigencia de la ley. Para el resto de empresas se cobraría ₡44 millones por concepto de inscripción.

También se menciona que el Estado obtendrá recursos a partir otras gestiones como la renovación de sus permisos de operación, el cobro de sanciones, o por cada viaje que se efectúe en estas aplicaciones

Todos los recursos que el Estado obtenga de este negocio serían administrados por el Consejo de Transporte Público, a través del Fondo Nacional de Movilidad.

El proyecto ha recibido señalamientos importantes y oposiciones por parte de autoridades y sectores durante las sesiones en la Comisión de Asuntos Económicos.

En este sentido, el presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo que valora la opción de llevar a una segunda mesa de diseño el proyecto de ley dado que la propuesta que presentaron tenía la intención de posicionar el debate, dado que no había otra base de partida.


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