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Gobierno se aferra al silencio sobre razones para suspender norma sobre aborto terapéutico

Casa Presidencial, Cancillería y Comunicación evitaron referirse al tema más allá de un escueto comunicado que justifica que "no se dieron las condiciones políticas"

La promesa que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís de aprobar la norma técnica sobre aborto terapéutico quedará incumplida y -a escasos días de concluir la administración- sin respuesta quedan las razones de fondo que impulsaron la negativa del Ejecutivo para aprobar esa norma técnica.

La llamada norma técnica es una reglamentación breve que serviría para regular temas como  identificar  las situaciones de riesgo y establecer  la manera de proceder en cada caso. Esa norma precisaría, además, los plazos y las instancias que deben intervenir en cada procedimiento. Esta regla es una necesidad para que el personal que atienda esos casos tenga seguridad jurídica sobre su actuación.

La directriz que giró el Ejecutivo días atrás, fue suspender la aprobación de esta norma técnica por tiempo indefinido. Las razones para evitar este reglamento que permitiría el aborto terapéutico se atribuyeron a  “una decisión política”, así lo indicó la organización Acceder, luego de una reunión que sostuvieron con Casa Presidencial y Cancillería, el pasado 25 de abril.

Esta mañana, tras una actividad en la que se presentó la nueva Policía Metropolitana en la explanada del Estadio Nacional, y donde el presidente Luis Guillermo Solís se hizo presente, UNIVERSIDAD consultó directamente al jerarca sobre los motivos que respaldaban la negativa del Ejecutivo;  Solís indicó que no se referiría al asunto «porque quién tenía la vocería en el tema era la Cancillería”.

“Preferiría para no causar confusión y que se mantenga en ese ámbito”, dijo el presidente.

UNIVERSIDAD acudió entonces a Cancillería y solicitó una aclaración  sobre las razones que pesaron para dar marcha atrás con la normativa, la respuesta fue que «no hablarían del tema más de lo que ya se había dicho en el comunicado».

Por su parte, el Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera también indicó que la única respuesta que podían dar era el que “no se daban las condiciones”, sin precisar en las razones.

“La posición emitida es esa, es la que sale desde la la Cancillería que es quien maneja el tema, y la posición es esa y todo el resto del Estado Costarricense mantiene la disciplina en cuanto a Cancillería que es el vocero de ese tema”, detalló el Ministro.

Posición confusa

El pasado 25 de abril,  la Cancillería emitió un comunicado un escueto comunicado, donde expresó que la negativa que daba el gobierno de debía a que “las condiciones políticas” no permitían avanzar en la aprobación de una norma técnica relativa a la materia.

Pese a esta justificación, se reconocía que el Estado «debía  asegurar la vida y la salud de más mujeres y debía reglamentar el artículo 121 del Código Penal”.

“En este momento, sin embargo, no se dan las condiciones políticas que permitan avanzar en la aprobación de una norma técnica relativa a esta materia”, se detalló en el documento.

El compromiso que adquirió el gobierno se remonta al caso de Ana y Aurora, quienes fueron víctimas de la no aplicación de la ley que regula el aborto terapéutico.

Ambas acudieron en el 2013, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poner una demanda contra el Estado Costarricense por no aplicarse la ley escrita en el artículo 121 del Código Penal.

El artículo de este Código dice que “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

En el 2015 la CIDH llamó la atención del país costarricense y este manifestó el compromiso de “entrar en un procedimiento de solución amistosa”.

Dadas las circunstancias, el Estado de Costa Rica, adquirió la tarea de elaborar la norma técnica junto con el Ministerio de Salud para que el personal de salud de hospitales y centros médicos pudieran aplicarla en algún caso similar al de Ana y Aurora. Adicional a eso, generar una serie de protocolos de atención en hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

“Pareciera que los Derechos Humanos no dependen de la obligación nacional e internacional de los Estados para atenderlas en su máxima amplitud, sino que dependen de las circunstancias políticas las cuales sin duda alguna, son una valoración subjetiva”, comentó Larissa Arroyo, abogada de las víctimas y representante de la asociación ciudadana Acceder.

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