El Gobierno de la República reiteró que Uber es un servicio de transporte ilegal, pero, al mismo tiempo, reconoció tener limitaciones para impedir que siga funcionando en el país.
Esta es la conclusión que se desprende de un acuerdo del Consejo de Gobierno, que fue entregado a los taxistas la noche de este martes, en una extensa reunión que sostuvieron con representantes del Poder Ejecutivo en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en Plaza González Víquez, en San José.
En dicho documento, el Gobierno afirma que a pesar de la ilegalidad de la plataforma, la legislación existente en materia de transporte “es anticuada” y les impide aplicar medidas eficaces para regular su funcionamiento o garantizar la no operación.
El jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, enfatizó en que esa normativa “bastante anticuada” permite que el servicio siga en pie sin éxito de prohibir su operación.
“Nosotros no tenemos otra potestad que aplicar la ley como se ha venido haciendo a lo largo del tiempo. La problemática es una ilegalidad evidente y reconocida por el mismo Gobierno. Las acciones a disposición permiten que el servicio siga operando como lo ha estado haciendo. Es parte de la situación que hay que resolver” , manifestó el ministro.
Por ello, a lo que se comprometió el Gobierno es a promover la creación de un nuevo marco normativo; no obstante, el jerarca del MOPT no especificó un plazo para iniciar con la elaboración.
Más bien, Méndez indicó que “el plazo nos lo tenemos que imponer nosotros mismos”, teniendo en consideración que existe una afectación socioeconómica pues el servicio ha generado empleo, según reconoció.
El acuerdo del Consejo también insta a Uber, una vez más, a “abandonar su práctica ilegal”.
Méndez aseguró que, por ahora, se mantendrá una fuerte presencia de operativos de la Policía de Tránsito, los cuales buscan castigar el transporte ilegal de personas.
Consultado esta mañana de miércoles sobre por qué el Gobierno no solicita la desactivación de la plataforma, el presidente de la República, Carlos Alvarado, respondió que “desde un punto de vista técnico y material, eso es algo que no se puede ejecutar porque hay una imposibilidad técnica”.
Alvarado apuntó a que se debe respetar la ley vigente, pero se debe de cambiar porque ya no responde a una realidad y un contexto. “El Gobierno respalda que se abra un proceso de diálogo con taxistas para modificar una ley que no está respondiendo a la realidad”.
Sobre el tema de los plazos, el mandatario aseveró que estos no dependen exclusivamente del Ejecutivo. “Hay que apostar por dialogar para genera un proceso que sea satisfactorio para las familias que viven trabajando de los servicios remunerados del transporte y principalmente para los costarricenses que usan esos servicios. Entendiendo que hay una ley que hay que respetar, que no responde a la realidad del país”, expresó Alvarado.
El acuerdo del Consejo de Gobierno consta de cinco páginas y contiene una recopilación de las distintas posiciones que han manifestado en momentos anteriores instancias como la Sala Constitucional, la Procuraduría de la República, el Gobierno de la República, el MOPT y el Consejo de Transporte Público (CTP), sobre la ilegalidad de la plataforma.
Además, el texto menciona que los sistemas ilegales de transporte han proliferado en los últimos años a pesar de los mecanismo de control existentes, “en demérito de los sistemas reguladores y afectando deslealmente su operación”, se indica en el documento.
Satisfechos
A pesar de las disconformidades que han manifestado lo taxistas con el Gobierno por falta de regulación, luego del encuentro de este martes, los representantes del gremio se mostraron satisfechos con el acuerdo del Consejo.
“Realmente el documento que se nos entregó ayer es de suma importancia. Es un documento muy claro, donde se ratifica la ilegalidad de la empresa pirata. Y donde se el indica a esta misma empresa que tiene que abandonar la práctica”, señaló el secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), Rubén Vargas.
Sin embargo, los transportistas indicaron que elaboraron un documento en el que solicitan adicionar un punto para que el Gobierno notifique directamente a la plataforma el cese de operaciones.
“Que el Consejo de Gobierno públicamente proceda a instar y notificar a la empresa Uber y otras plataformas el cese de operaciones en forma inmediata”, detalla el documento.
Sin embargo, ese anexo deberá ser conocido en Consejo de Gobierno para que se valore su adición.
Tiempo límite
Hace más de un mes, el 4 de julio, representantes del Gobierno y de los taxistas sostuvieron una reunión similar que se extendió durante cinco horas, en la que firmaron un acuerdo que fijaba un plazo de 45 días para que el Gobierno tomara una decisión con respecto al cese o no de la operación de Uber en el país.
Durante los primeros días de la administración de Alvarado, los taxistas expresaron su descontento con la falta de regulación y organizaron una manifestación en la que realizaron bloqueos en vías principales y tortuguismos.
El principal reclamo que hacen los taxista es que, desde la entrada en vigencia de la plataforma, en agosto del 2015, han tenido “una caída abrupta de sus ingresos”. Además, que el servicio de Uber carece de regulaciones como sí tiene el transporte de taxi, en cuanto a permisos y seguro.
