El Gobierno pedirá un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción de una cárcel en San Ramón de Alajuela y un nuevo centro de máxima seguridad, así como para la creación de módulos que habilitarían 312 espacios en Liberia y 128 en Limón.
Se trata de un préstamo por $80 millones que también serviría para la construcción de un nuevo edificio de la Policía Penitenciaria, arreglos en las instalaciones eléctricas de algunas cárceles y en las plantas de tratamiento de aguas.
Las obras buscan reducir el hacinamiento carcelario, el cual es de 39% según el último corte del 30 de noviembre.
Así lo confirmó la ministra de Justicia, Marcia González, quien afirmó que ya hay avances y espera contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda para posteriormente pedir la aprobación de los diputados.
González afirma que el centro penitenciario nuevo tendría cupo para 1.080 personas y su construcción pretende descongestionar al centro penitenciario Nelson Mandela, en San Carlos, el cual tiene uno de los niveles más altos de hacinamiento en el país (113%).
La cárcel de San Carlos recibió en mayo de 2018 un diagnóstico severo de parte del Mecanismo de Prevención contra la Tortura. El informe llamó la atención sobre la falta de personal y el hacinamiento crítico que ayudó a la propagación de enfermedades.
Estas son algunas de las obras en marcha y otras en el horizonte del Gobierno, con el fin de reducir el hacinamiento carcelario a un máximo de 29%.
– Arcos modulares: Esta semana dio inicio el traslado de presos de baja contención provenientes de la cárcel Gerardo Rodríguez a las nuevas instalaciones habilitadas en el complejo Reforma. Se trata de los arcos modulares, un proyecto que llevaba varios años en gestación y ahora reúne espacio para 525 personas. Este miércoles se trasladaron 300 sentenciados y los restantes ocuparán su espacio en los próximos días.
Se pretende que los espacios que resten en la cárcel Gerardo Rodríguez acojan a otros indiciados provenientes de San Sebastián, un centro penitenciario con orden de cierre.
– Nuevos espacios y reordenamiento en La Reforma: Con una inversión de $25 millones (ya en manos del Gobierno) se pretenden crear 1.268 espacios nuevos para combatir el hacinamiento y descongestionar otros centros penitenciarios.
El Gobierno planea dividir a la población indiciada (aún no juzgados) en un centro y a los sentenciados de mediana contención en otro.
La creación de más espacios carcelarios implica la necesidad de contratar a más personas para atención y vigilancia. De acuerdo con la ministra de Justicia, Marcia González, una vez que se habiliten los nuevos espacios se requerirá contratar a 300 policías y 30 profesionales de atención técnica, entre ellos trabajadores sociales, psicólogos y abogados.
También se ampliará la clínica de La Reforma, aunque aún no se ha determinado la cantidad de plazas nuevas que requerirá.
– Módulos para mujeres: El Gobierno espera inaugurar tres de los cuatro módulos carcelarios en distintas regiones del país en el primer semestre de 2020.
El Ministerio de Justicia canceló la construcción de una nueva cárcel promovida en el Gobierno anterior y en su lugar promovió la construcción de módulos en Puntarenas, Pérez Zeledón y Pococí, con espacio para unas 40 personas cada uno. La idea es que las mujeres privadas de libertad oriundas de estas zonas estén cerca de sus familiares.
– Superávit del Registro: El Ministerio de Justicia pretende utilizar ₡5.800 millones de superávit del Registro Nacional para la construcción de 1.500 espacios carcelarios (500 de reposición de otros cupos perdidos). Para esto también deberá solicitar el permiso de los diputados.
– Unidad para tratamiento de adicciones: Con un costo aproximado de ₡500 millones cada una, el Ministerio de Justicia y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) construirán tres unidades terapéuticas para el abordaje de adicciones.
Cada unidad tendrá espacio para 40 personas, que deberán someterse a un tratamiento de rehabilitación que puede tomar hasta seis meses.
Habrá una en la cárcel juvenil del Zurquí (San Luis de Santo Domingo de Heredia), otra en Puntarenas y una en Pococí. Las unidades de Zurquí y Puntarenas están programadas para entrar en funcionamiento a partir de mayo próximo.
