El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, reiteró la necesidad de enviar el proyecto que reactivaría la pesca de arrastre a consulta con la Sala Constitucional, luego de la aprobación en primer debate que dieron los diputados este miércoles.
“La situación socioeconómica de las personas que dependen de esta actividad se debe atender, pero no poniendo en riesgo el mismo producto del que viven las familias en las zonas costeras”, dijo el ministro tras el aval que dieron los diputados al proyecto.
El proyecto contó con el voto de 26 votos a favor y 18 en contra, incluidos los diputados oficialistas; seis diputados de Liberación Nacional; la diputada de Restauración Nacional (PRN) Mileidy Alvarado; del Partido Integración Nacional (PIN) Walter Muñoz; y el diputado del Frente Amplio José María Villalta.
El Gobierno ha dicho que la técnica de pesca de arrastre es irresponsable e insostenible ambientalmente; así como que los diputados deben acatar el criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) el cual señala que los estudios que realizó el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura son insuficientes para sustentar la reactivación de la práctica.
En octubre, la Procuraduría dijo que no hay estudios completos sobre la viabilidad ambiental de la técnica pesquera en el país, los cuales son necesarios según resolvió la Sala Constitucional en 2013.
La pesca de arrastre se prohibió en el país en el 2013, pues la Sala Constitucional acogió una acción interpuesta por grupos ambientalistas en contra de esta técnica pesquera, debido a que la técnica ponía en peligro los ecosistemas marinos.
Desde entonces, los pescadores camaroneros de las zonas costeras aguardan por renovar sus permisos de pesca, ya que desde el pronunciamiento de la Sala se adviritó que los permisos y las licencias no se renovarían hasta que hayan estudios científicos que justifiquen la actividad.
Los vecinos de las zonas costeras que dependían de la pesca de arrastre, insisten en el agravante de la situación económica que atraviesan desde que se prohibió.
Ahora el proyecto aguardará por la convocatoria al segundo debate, para luego ser firmada por el presidente Carlos Alvarado.
