El gobierno firmó este jueves la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, una iniciativa cuyo objetivo es modernizar el funcionamiento de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), dándole autonomía administrativa y presupuestaria.
Esta iniciativa fue presentada el pasado 14 de marzo por el Ejecutivo, en el marco de una serie de recomendaciones que ha dado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a Costa Rica como parte del proceso de admisión.
Con este proyecto, la Coprocom tendrá independencia jurídica, administrativa, técnica y presupuestaria. Esto quiere decir que será un órgano independiente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), al cual estaba adscrito.
“La Coprocom ya no depende de los ministerios, ni de los gobiernos, sino que es una institución que va a ser técnica en su análisis. Esa autoridad va a empezar a investigar y decir por qué los precios están altos, por ejemplo”, explicó la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.
Por otro lado, el proyecto destinará más recursos a la Coprocom para contratar comisionados a tiempo completo, pues anteriormente lo miembros eran nombrados a tiempo parcial (se reunían una vez por semana) y se les pagaba a través de dietas, un monto determinado por cada institución, según la legislación.
La legislación establece la conformación de un Órgano Superior integrado por tres miembros propietarios, que incluirán al menos un abogado y un economista, pudiendo ser el tercero de ellos tanto abogado como economista.
El Consejo de Gobierno será el encargado de seleccionar a los miembros de acuerdo con criterios de idoneidad, comprobada mediante concurso público de antecedentes. Para la primera designación, el Consejo escogerá, por rifa, el plazo de los nombramientos: un miembro por cuatro años, uno por cinco años y otro por seis años.
Otro de los cambios que contiene la ley es que contiene sanciones más altas, según la ministra de Dyalá Jiménez. “Tienen que ser más altas porque las sanciones tienen que provocar que las empresas lo piensen dos veces a la hora de jalarse una torta”.
A las empresas que incurran en prácticas monopolísticas, la legislación establece sanciones como la prohibición del agente económico y de sus representantes legales de participar en todo tipo de contratación administrativa con cualquier entidad pública por un plazo de entre dos y diez años.
En el caso de personas físicas o funcionarios públicos que sean parte de este tipo de prácticas, se les impondrá una multa equivalente a un monto entre un salario base y hasta seiscientos ochenta salarios base.
La ley establece multas dependiendo del tipo de fracciones según sea (leve, grave o muy grave). Las infracciones leves serán sancionadas mediante una multa equivalente a un monto entre el cero coma uno por ciento (0,1%) y hasta por el tres por ciento (3%) del volumen de negocios total del agente económico en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.
Las infracciones graves serán sancionadas mediante una multa equivalente a un monto entre el cero coma uno por ciento (0,1%) y hasta el cinco por ciento (5%) del volumen de negocios total del agente económico en el ejercicio fiscal.
Por último, las infracciones muy graves serán sancionadas mediante una multa equivalente a un monto entre el cero coma uno por ciento (0,1%) y hasta el diez por ciento (10%) del volumen de negocios total del agente económico en el ejercicio fiscal.
“La competencia disminuye la desigualdad”
La ministra de Comercio Exterior explicó que la Coprocom velará por el comportamiento en el mercado de las empresas del sector privado, público, informales o formales con respecto a la igualdad de condiciones.
“Si una persona siente que se está abusando, poniendo precios y exigiendo precios en unos productos o en unos servicios, puede pedirle a Coprocom hacer un estudio e investigar si hay una violación a ciertas normas que está en la ley original”, detalló Jiménez.
La competencia disminuye la desigualdad según, António Gomes, director Adjunto Interino de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE en una entrevista con UNIVERSIDAD.
“Para los consumidores una competencia con reglas significa precios más bajos, más variedad y opciones de escogencia, productos más innovadores, con más desarrollo técnico, pero también tiene un impacto en disminuir la desigualdad”, indicó Gomes.
Añadió que cuando hay restricciones a la competencia, los más desfavorecidos son los más pobres. “Cuando no hay competencia, la mayor parte de las veces los bienes básicos se tornan inaccesibles. La competencia trae, precisamente, la posibilidad a mucha de la gente que no tenía condiciones de acceder a estos productos”.
La competencia también representa ventajas para las empresas porque “están obligadas a tornarse más eficientes”. Por ejemplo, reducir costos, ser más eficientes en sus procesos, más creativas, encontrar nuevos productos, encontrar formas de satisfacción de las necesidades del consumidor, explicó el representante de la OCDE.
El Estado, por su lado, también “se beneficia de una economía más dinámica, más competitiva, que potencie la productividad y el desarrollo económico”. A mismo tiempo, le permite recaudar más ingresos fiscales sin subir necesariamente las tasas de impuestos, acotó Gomes.
Camino a la OCDE
Costa Rica está en proceso de ser parte de los 37 miembros que conforman la OCDE. Para ello debe aprobar 22 informes y hasta el momento ha recibido la opinión favorable en 14.
Actualmente la mayoría de países que integran este Organismo Internacional son países desarrollados, que tiene como pilar fundamental el intercambio de conocimiento y experiencias para promover políticas que mejoren el bienestar político, social y económico.
Para cumplir con el proceso, Costa Rica ha tenido que hacer ajustes en la legislación. Durante esta administración se conformó la Comisión especial de la OCDE está integrada por varios diputados.
Para la discusión de la ley aprobada recientemente, los diputados citaron a comisión autoridades del ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel); el ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) .
El gobierno sostiene la meta de completar el proceso de adhesión en el 2020.
