El gobierno instauró comisiones mixtas para responder a las demandas de los taxistas, quienes protestaron este martes frente a Casa Presidencial y exigieron el “cierre” de la aplicación Uber.
De acuerdo con Casa Presidencial, se han tenido dos reuniones con representantes de los taxistas, específicamente los días 13 y 25 de junio. El primer encuentro fue convocado por iniciativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y en una segunda ocasión se incluyó al Regulador de los Servicios Públicos, la ministra de Economía y el jerarca del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
“El gobierno quiere entrarle al asunto. La gestión Alvarado Quesada tiene jerarcas distintos y valoraciones distintas. Hay muchísimas ocupaciones que se van a ver afectadas por la globalización”, comentó Juan Alfaro, viceministro de la Presidencia. A criterio de Alfaro, se deben ofrecer soluciones alternativas de acuerdo a las demandas de los tiempos, pero alega que aún no conoce las exigencias de los taxistas que se presentaron este lunes en las afueras de Casa Presidencial.
Las comisiones serán coordinadas por el viceministro de Transportes, Eduardo Brenes, y estarán conformadas por representantes del MOPT, Consejo de Transporte Público, así como de los transportistas, en donde se establecerá una agenda conjunta.
“Hemos palpado la problemática que vive el sector. Sabemos perfectamente que el sector de los taxistas se enfrenta a un tema de ilegalidad de otros sectores, así como una serie de obligaciones y normas que tienen que cumplir con el Estado costarricense. Las comisiones son para plantear soluciones específicas”, dijo Brenes.
El viceministro afirmó que se intentó conocer las demandas de los grupos que protestan este martes, pero que no existe disposición de diálogo, pese a que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, ofreció recibirlos en su despacho.
El líder del movimiento de los taxistas, Rubén Vargas, arropado por centenares de conductores, afirmó que no se irían de Zapote sin antes tener una respuesta del presidente Carlos Alvarado.
Los taxistas reclaman una caída abrupta de sus ingresos desde que la transnacional Uber inició operaciones, en agosto del 2015. Dentro de las quejas más frecuentes destacan las regulaciones a las que se someten a los taxistas, un régimen que los choferes de Uber no tienen, al no estar regulados.
“Nosotros estamos cada día más quebrados, pagamos 2,6 millones por año. Pagamos todo a derecho. La Caja nos cobra 50 mil colones por mes, no hemos ni podido recoger 10 mil colones por día, sáquele el número para que vea cómo estamos”, comentó el taxista Cristian Muñoz, uno de los participantes de la manifestación.
El gobierno aseveró que no puede “apagar” o “bloquear” una aplicación, pero que los operativos contra el transporte ilegal se mantendrán en todo el país.