Los docentes mantendrán “intactos” los porcentajes en el pago de la dedicación exclusiva y recargas laborales contemplados en el Código de Educación, a pesar de que estos fueron reducidos en la reforma fiscal.
Esto es posible porque el presidente República Carlos Alvarado firmó esta mañana de jueves la ley 9655, que contempla una serie de ajustes para “proteger el salario de los docentes”.
Se trata de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas e interpretación auténtica del Transitorio XLII, un proyecto que fue presentado por iniciativa del diputado liberacionista, Wagner Jiménez y aprobado por diputados de todas las fracciones.
La ley retoma los porcentajes salariales que estaban en el Código de Educación -Ley N.181- y que fueron modificados la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en diciembre.
Por ejemplo, en la nueva ley se elimina el inciso “r” del artículo 57 del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual hacía referencia a una modificación en el Código de Educación para reducir el porcentaje por recargos del docente, de un 50% a un 25% del salario base.
“(…) Existirá un sobresueldo de recargo por labores especiales, que se pagará de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Ministerio de Educación Pública, y sin que pueda pasar del cincuenta por ciento (50%) del sueldo de categoría”, se lee textualmente en la ley.
La ley también incluye una modificación para que se mantengan los porcentajes de dedicación exclusiva vigente antes de la reforma fiscal. Esto quiere decir, que los docentes mantendrán un porcentaje de 20% si tienen el grado de bachillerato y un 55% para licenciados o superiores. En la reforma fiscal estos porcentajes habían sido reducidos a 10% y 25%, respectivamente.
“Sanar las heridas”
La ley fue una iniciativa del diputado liberacionista, Wagner Jiménez, y contó con el apoyo de diputados y diputadas de todas las fracciones.
El proyecto -que ahora es ley- respondió a las preocupaciones que manifestaron representantes y trabajadores del Magisterio Nacional, así como bloques sindicales de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).
Desde varios puntos de vista, hubo un aspecto en el que coincidieron los actores involucrados y quienes dieron el visto bueno de la ley y tiene que ver con un enfoque de armonizar y “sanar heridas” que se abrieron con la negociación, el debate y la aprobación del plan fiscal. “Para nadie es un secreto que el debate fiscal dejo un sinsabor y heridas que debemos propiciar sanar, en la democracia (…)”, dijo el diputado liberacionista en días anteriores frente al Plenario Legislativo.
El presidente Alvarado afirmó hoy que “es un ejemplo de que, en momentos tan difíciles como los que vivimos el año anterior con la huelga en el sector público y la tramitación del Plan Fiscal, los diferentes sectores podemos dialogar y buscar soluciones conjuntas para proteger a los educadores”. Este proyecto fue anunciado desde antes de la huelga.
Desde el sector sindicalista celebraron la firma y manifestaron que se trató de una lucha que inició en las calles para que “no se les arrebataran los derechos laborales” que serían “un perjuicio salarial” para la vida de los docentes.
“ANDE dio la lucha hasta el final, por el respeto de los derechos laborales y salariales de cada persona docente, adquirido en las luchas reivindicativas que nos llevaron, desde el reconocimiento profesional, hasta el salario justo y digno, que demanda el actuar docente”, señaló Gilberto Cascante Montero, presidente de ANDE.
Por su parte, el ministro de Educación, Édgar Mora, aseguró que desde el Ministerio de Educación reconoce “la importancia que tiene el ingreso de recargos y dedicación exclusiva para los ingresos de los trabajadores”.
“Esta ley, corrige a la luz de la ley… algo que podía haber sido muy oneroso que siguiera adelante. Y lo corrige bajo el influjo los tres principios básicos de la ley de administración pública: economía, eficiencia y eficacia”.
