El Gobierno ya está estudiando los mecanismos para hacer efectivo el histórico criterio emitido este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a Costa Rica y a 25 países a garantizar el matrimonio igualitario y la identidad de género.
Así lo explicó Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, quien afirmó que, sean cuales sean los mecanismos, serán adoptados desde el Poder Ejecutivo, que envió la consulta el 18 de mayo de 2016.
En el caso de la identidad de género, Carvajal afirmó que se está estudiando si debe ser competencia del Poder Ejecutivo o del Tribunal Supremo de Elecciones.
“Tenemos un camino complejo para ver cuáles son los mecanismos más ágiles para implementar y hacer efectiva la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, comentó Carvajal.
De acuerdo con el director jurídico, se valorarán cuáles aspectos requieren regulación vía decreto ejecutivo, sin embargo, resaltó que la obligación es para todas las instituciones del Estado.
Carvajal se acompañó de Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República y la cara más visible de la administración Solís Rivera en favor de la población LGBTI.
“Amar es una condición humana que merece el mismo reconocimiento de parte del Estado. Hoy nuestro Estado reafirma el compromiso ineludible de respetar y acatar este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy es un día esperanzador para que las futuras generaciones de personas LGBTI crezcan sin miedo”, dijo Chacón.
Por su parte, Montserrat Carboni, defensora de los Habitantes, reafirmó la importancia de la opinión de la Corte, y afirmó que “sea quien sea el próximo presidente de la República, tendrá que acatar el criterio de la Corte IDH”.
“Este es el resultado del bullying que ustedes han recibido de parte de una sociedad que los ha querido considerar como ciudadanos de segunda categoría, hoy se reivindica ese dolor y lucha”, dijo Carboni a un grupo de personas y activistas LGBTI que asistieron a Casa Presidencial esta tarde.
La defensora afirmó que retomarán ocho casos en donde se había denunciado al Estado por negar la identidad de género a personas trans.
Consultado por UNIVERSIDAD, el abogado Marco Castillo, activista de los derechos LGBTI afirmó que ya existen dos acciones de inconstitucionalidad sobre el matrimonio igualitario que aún no se han resuelto y deberían incorporar este criterio de la Corte.
“Yo ya estoy en la Sala Constitucional. Voy a pedir una vista mañana en la mañana en la Sala para que me reciban personalmente los magistrados y pueda hacer una exposición sobre estos nuevos argumentos. En este momento tengo, además, presentado de forma personal con mi pareja una acción de inconstitucionalidad contra el Código de Familia que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo”, afirmó.
