El Gobierno buscará recuperar ¢1.794 millones que considera mal exonerados para 325 “pensionados de lujo”, mediante la solicitud de una medida cautelar a la Procuraduría General de la República (PGR) que permita cobrar una retención solidaria que se les dejó de aplicar tras fallos de tribunales de trabajo y administrativos.
Específicamente, el Consejo de Gobierno acordó plantear la solicitud tras una inquietud del ministro de Trabajo, Steven Núñez, quien pidió que se declarara “lesiva” esa exoneración y se permita al Ministerio de Hacienda aplicar la Contribución especial, solidaria y redistributiva de los pensionados y jubilados del Régimen del Magisterio Nacional, establecida en la Ley 7531.
El monto que podría ahorrarse el Gobierno se deduce de una estimación que realizó la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo, organismo que además intentará recuperar las sumas giradas de forma “incorrecta” desde 1995, pues sólo en un muestreo de 44 casos se determinó que ello ascendería a los ¢2.200 millones.
La Ley 7531 establece que los porcentajes que se deducen van desde un 25% hasta un 75% a partir de montos de pensiones que exceden el salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica, con 30 anualidades y dedicación exclusiva (¢3.980.000 mensuales).
Años atrás, las 325 personas habían solicitado la exoneración, pero la DNP decidió rechazarla. Posteriormente, los jubilados elevaron la petición ante los Tribunales de Trabajo y Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional quienes dieron el aval para aplicar las exoneraciones.
Sobre el nuevo intento de cobro, el ministro Nuñez manifestó ante el Consejo de Gobierno, que la propuesta se respalda en criterios de la PGR, que recientemente determinó la invalidez legal de las exenciones a los jubilados. Según el jerarca, la idea es “atender el compromiso del gobierno de disminuir el monto que se paga por concepto de pensiones de lujo”.
Ahora la petición deberá de ser elevada ante el Tribunales de Contenciosos Administrativos del Poder Judicial, quienes tienen a cargo la decisión de aceptar o denegar la solicitud.
Molestia reciente
Apenas en noviembre pasado, el exdiputado oficialista y ahora asesor directo del presidente Alvarado, Ottón Solís Fallas, solicitó a Hacienda recuperar más de ¢2.000 millones anuales relativos a esta misma contribución, una exoneración que atribuyó a “una mala interpretación legal desacreditada por resoluciones de la Sala Segunda”.
En aquel entonces, dijo que haber realizado el reclamo “para ver si con un poco de presión pública se lograba arreglar” ese “exceso”, que —según sus informaciones— beneficiaba a pensionados con montos de hasta ¢12 millones.
“Eso es desidia en el Ministerio de Hacienda y tal vez del Ministerio de Trabajo. Yo he tratado por todos los medios que eso se arregle, entonces ahora lo hago público para ver si se logra”, había manifestado.
Atendiendo a esa misma inquietud, ya la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había confirmado su doble comparecencia ante los diputados de la República que procedería a retener la contribución solidaria, un movimiento que representa poco en relación con los ¢2 billones del déficit financiero, pero que alivia la presión social que existe sobre estas jubilaciones y sus excesos.