El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza expresó esta tarde que el Gobierno ofrecerá voluntad de “acompañamiento” al sector pesquero, afectado por la prohibición de la pesca de arrastre y la negativa de la Sala Constitucional para que el Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca) gire nuevas licencias.
A principios de este año, los diputados de la legislatura anterior aprobaron en primer debate, una ley que pretendía reactivar la pesca de arrastre semiindustrial, pese a señalamientos que indicaban que el proyecto era “inconstitucional”.
El viernes pasado, la Sala Constitucional dio a conocer una serie de vicios en el procedimiento para la aprobación de la Ley para el Ejercicio Sustentable de la Pesca Simiindustrial Camaronera en Costa Rica (expediente 18.968).
En conferencia posterior al Consejo de Gobierno, y consultado por la posición del Ejecutivo, Piza dijo que será hasta el próximo lunes que se reúna con las autoridades del Ministerio de Agricultura, Incopesca y el Ministerio de Ambiente (Minae), en medio de una reunión que servirá como espacio para conversar sobre el tema.
“Yo esperaría empezar a definir por donde estaría las principales acciones del gobierno, como la recomercialización y el apoyo a las personas que viven del mundo de la pesca”, señaló el Ministro.
Sumado a estos esfuerzos, el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Óscar Cascante, presentó la primer moción de este cuatrienio en la Comisión de Asuntos Agropecuarios -recién conformada esta tarde-, con la que buscará que comparezcan ante la comitiva los jerarcas del Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y de Incopesca con el objetivo de que planteen alternativas de desarrollo para la población pesquera afectada.
A principios de marzo, la Sala Constitucional anuló un acuerdo de Incopesca con el que se pretendía girar nuevas licencias para la pesca de arrastre de camarón; siguiendo la línea con la que ya había notificado a la institución -a raíz de la consulta de ambientalistas- que no podía otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos sin que hubiera una reforma legal.
Tras la resolución y la necesidad de contar con medidas que que regularán la actividad bajo criterios técnicos, Incopesca realizó un documento con 25 supuestas “mejoras regulatorias” en control y vigilancia, zonificación, utilización de dispositivos de exclusión y medidas de descarga; sin embargo, esto no fue suficiente para reactivar la técnica pesquera.
