El Gobierno de la República envió una carta de respuesta a los sindicatos en la que planteó la posibilidad de levantar la ilegalidad de la huelga si se presentan medidas concretas para reponer el tiempo que no laboraron el pasado 25 de junio tras salir a manifestarse en contra de la reforma fiscal.
El documento que envió del Ejecutivo a los sindicatos, forma parte de la respuesta a la propuesta que presentaron los sindicatos en la quinta reunión que mantuvieron el pasado lunes 9 de julio en la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema).
“En relación con desestimar la solicitud de ilegalidad de la huelga, el Gobierno continua anuente a discutir, en la mesa de diálogo con la iglesia Católica como garante, las medias concretas de reposición pronta y eficaz de cualquier afectación en el servicio público que se hubiese producido por motivo de la huelga”, detalla el documento.
Los sindicatos realizaron una huelga el pasado 25 de junio en contra de la aprobación de la reforma fiscal que afectó el funcionamiento de algunos servicios públicos en hospitales, centros de salud o centros educativos, tras unirse a la huelga nacional.
La Casa Presidencial dijo que tomaría acciones legales para sancionar a todos aquellos funcionarios que participaron de la convocatoria, alegando que “no se cumplió con el procedimiento que establece la reforma procesal laboral” para realizar una huelga.
Pese a que ambos grupos intentaron llegaron a un acuerdo, el segundo vicepresidente, Marvin Rodríguez alegó que durante la última reunión los sindicatos se levantaron de la mesa sin aceptar que se presentara un plan de reposición.
Durante este último encuentro, los sindicatos pusieron sobre la mesa una propuesta para que el Gobierno recaude recursos financieros, según justifican sin fijar nuevos impuestos y reforzando las acciones en el control fiscal aduanal, levantamiento de exoneraciones, cobro de contribuciones especiales a las zonas francas o la Renta Global y que según sus cálculos aportaría cerca de un 3% o 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
El Ejecutivo amplió sobre la posición de las distintas medidas que plantearon los sindicatos para sustituir la reforma fiscal y manifestó apertura sobre algunos puntos como el de aplicar una tasa de contribución solidaria para todas las zonas francas que, según los cálculos de los sindicalistas equivaldría a un cuarto PIB.
Otro de los puntos donde el Gobierno manifestó interés de ampliar con los representantes es con la eliminación de las sociedades Off Shore, y reportes públicos país por país, en donde los sindicatos plantean cobrar impuestos a las transacciones financieras internacionales.
De acuerdo con el documento que entregaron los sindicatos proponen la adición de un nuevo artículo 81 Bis a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para establecer recargos sobre los capitales provenientes del exterior cuya permanencia en el país sea menor a un año, y podrá discriminar en la tasa impuesta conforme al plazo de permanencia.
La propuesta de los sindicales también contempla que se cobre el impuesto de la Renta Global, punto que el Gobierno de la República ya incluyó en el nuevo texto que presentó a los diputados el pasado 28 de junio, para que sobre esa base presentaran las mociones.
Sobre este aspecto, la propuesta del Ministerio de Hacienda es que se adhiere un sistema de renta global para obligar a los contribuyentes a declarar sus impuestos contabilizando todos sus ingresos en un mismo paso y que representaría una ganancia para Hacienda de ¢2.200 millones.
Ambos se sentarán a discutir la propuesta de los sindicalistas para alcanzar un acuerdo.
Sexto encuentro
Para el próximo lunes 16 de julio está pactada la sexta reunión de Gobierno y los sindicatos en el Ministerio de Trabajo, ahora con una discusión sobre la base que ya tienen los sindicatos, a diferencia de los encuentros anteriores, donde no había un punto concreto sobre el cual manejar la discusión.
Para la discusión del tema el Gobierno designó una comisión integrada por el segundo vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, el ministro de Trabajo y Seguridad, Steven Núñez, viceministro de trabajo y seguridad social y de la presidencia, Juan Alfaro y el director general del Servicio Civil, Alfredo Hasbum.
