Entre 1% y 2% de las ganancias de la Junta de Protección Social serán usados para financiar “programas de prevención y atención de las personas que son o han sido víctimas de la explotación sexual comercial y atención integral de mujeres que han sido víctimas de violencia”, de acuerdo con una futura ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
El plan recibió, en segundo debate, el voto unánime de 40 legisladores en plenario. La aprobación se realizó en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre.
La iniciativa de ley asegura que el dinero se usará, también, en la “construcción y el equipamiento de albergues” para mujeres sobrevivientes de violencia.
El proyecto fue dictaminado en la Comisión de la Mujer. La presidenta de este órgano legislativo, Nielsen Pérez, habló sobre una “agenda para eliminar la violencia contra las mujeres”.
“(Estamos) orientados a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en la política, generar un registro y acceso público de las sanciones por hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, fortalecer la cultura de denuncia por hostigamiento al ampliar el plazo de denuncia, crear un fondo de reparación para víctimas de femicidio, fortalecer la ley de penalización de la violencia contra las mujeres y que no solo se limite a matrimonio y uniones de hecho”, se comprometió Pérez.
Asimismo, aseguró que existe una deuda al abordar “derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Por otro lado, también parte de la Comisión, la diputada Paola Vega acusó que “el proyecto de las jornadas de 12 horas es uno de los proyectos más violentos, aquí, contra las mujeres (…) quiere obligar que una mujer trabaje 12 horas sin importarle qué carajos hace con sus hijos.” Vega afirmó que el Instituto Nacional de la Mujer y el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer han señalado la exclusión del proyecto.
Vega también afirmó la ampliación de suspensión y reducción de jornadas por el COVID-19 ha generado violencia para casos de “mujeres embarazadas o en lactancia”.
“¿Vamos a votar ese proyecto así, sabiendo que se está aplicando injustamente a las mujeres?”, cuestionó Vega.
Por último, también fustigó “un proyecto que es violencia pura contra las mujeres, que dice que un cigoto (la célula que resulta de la unión de un óvulo y un espermatozoide) tiene más derechos que una mujer, un proyecto que dice que un cigoto, ni siquiera un feto, tiene más derechos que una mujer”. Este expediente lo estudia la Comisión de la Mujer, bajo el número 21.239, actualmente está entrabado en el trámite de varias mociones presentadas por Vega.
La subjefa del Partido Unidad Socialcristiana, Shirley Díaz, quien trabaja también en la Comisión de la Mujer y es una de las firmantes del 21.239, se refirió a otro tipo de incidencias de violencia.
Enumeró, entre otras, las 11 víctimas de femicidios de este 2020 y dijo que es “es la más grave manifestación de la violencia contra una mujer porque muere solo por el hecho de ser mujer”. También señaló que hay 45 asesinatos contra mujeres aún pendientes de calificarse como femicidios. Díaz también habló de que el Organismo de Investigación Judicial desarticuló una “casa con trata de jóvenes”.
