La Comisión de Hacendarios recomendará negativamente el proyecto de ley de presupuesto para el 2021. La decisión final sobre el expediente recae ahora sobre el pleno de 57 diputados, quienes deben aprobar el primer y segundo debate del texto antes de terminar noviembre.
La Comisión inició un trámite inicial de 180 mociones, durante la tarde del lunes. Este martes, la sesión inició alrededor de las 10 a. m. y culminó a las 11:30 p. m. con la votación del expediente. Los diputados no alcanzaron a revisar un total de 74 mociones, que quedaron eliminadas del trámite.
Nueve diputados de oposición votaron en contra: estos fueron Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales (Liberación Nacional); Óscar Cascante y María Inés Solís (Partido Unidad Social Cristiana); Otto Roberto Vargas (Republicano Social Cristiano); Carlos Avendaño y Giovanni Gómez (Restauración Nacional); y el independiente Harllan Hoepelmann. A favor, votaron Laura Guido y Nielsen Pérez (Acción Ciudadana).
El resultado del lunes y martes culminó en un aumento del presupuesto, contrario al recorte sustancial que se quería obtener. En total, hubo un rebajo cercano a los ¢7.100 millones, pese a que en conferencia de prensa se anunció un recorte de ¢150.000 millones y el retiro de las mociones recortistas.
No obstante, no hubo tal retiro de los planes de oposición. Al cierre de la discusión del proyecto, la diputada Silvia Hernández dijo que esos recortes se realizarán en un presupuesto extraordinario que va a presentarse hasta enero.
En declaraciones enviadas a medios, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, afirmó que van a realizar el recorte de ¢150.00 millones en gasto primario y que sumado a la reducción planteada por el presupuesto original son “más de ¢500.000 millones de colones en lo que gastan las instituciones y ministerios sin que esté contemplado el pago de deuda ni amortización de intereses”.
PLN y PUSC piden que no se aprueben nuevos impuestos para financiar los gastos de Gobierno, pese a también afirman que más de la mitad de los gastos de Gobierno se están financiando a costas de deuda interna, de la cual se deben pagar altos intereses en el mercado interno nacional.
PAC informó, en un comunicado de prensa, que se concentrarán en el recorte al gasto porque es “coincidencia en el discurso de todos los partidos políticos representados en la Comisión de Asuntos Hacendarios”.
Compartimos mensaje de nuestro Jefe de Fracción, Dip. @kike_sanchez sobre urgencia que debe enmarcar la discusión del #Presupuesto2021: encontrar soluciones al necesario ajuste que tendrá que hacer nuestra economía para superar la pandemia del Covid-19. pic.twitter.com/rUesnPk3ub
— PAC (@pacasamblea) October 21, 2020
La aplicación de recortes sí alcanzó la partida del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), con un impacto de menos ¢4.126 millones contra partidas del Teatro Nacional, Museo Nacional, Teatro Popular Melico Salazar, Centro Nacional de la Música, Centro de Producción Artística y Cultural (productor del Festival Nacional de las Artes) y a la Dirección General de Cultura.
Por otro lado, se modificó positivamente la partida del Banco Hipotecario de la Vivienda con ¢28.833 millones para gasto.
Asimismo, se están incorporando amarres para contrataciones de asesorías y consultorías de todo el sector público.
Todos los cambios que se incorporarán al presupuesto 2021
Tres propuestas de cambios a dineros de municipalidades, tramitadas por los diputados Gustavo Viales (cambios en subpartidas en beneficio de obras públicas de la Municipalidad de Bagaces y la de Cañas; y otra para la Municipalidad de Buenos Aires y Pérez Zeledón); otra por Shirley Díaz y Karine Niño (traslado de ¢65 millones para construir la gradería del Estadio Municipal de San Isidro Labrador); una última de Paola Valladares (varias obras públicas para la Municipalidad de Jiménez).
Una norma de ejecución de Yorleny León que obliga a que “todas las compras públicas que realicen las entidades públicas con fondos del presupuesto” deben hacerse por medio del Sistema de Compras Públicas (Sicop).
Un compromiso de control en la partida de alquileres de edificios y terrenos, presentada por Nidia Céspedes, Jonathan Prendas y Harllan Hoepelmann. El Ministerio de Hacienda tiene que hacer una evaluación de este gasto y rendir un primer reporte en enero 2021. Luego, se definió que se entregarán informes trimestrales al congreso sobre el tema.
De varios diputados, se tramitó un traslado de ¢10.000 millones entre dos subpartidas de remuneraciones de la Asamblea Legislativa (cambia de “Sueldos para cargos fijos” hacia “Recargo de funciones”).
Dos aumentos para el Banvhi, propuestos por José María Villalta. El primero es por ¢25.196 millones (desde deuda pública) y el segundo es por ¢3.637 millones con dinero del impuesto a las casas de lujo.
Un plan de renegociación de alquileres del diputado Pablo Heriberto Abarca. Este cambio obliga a que los rentistas de edificios y terrenos de Gobierno cobren un 30% menos del precio que hasta ahora reciben y la vigencia será por la duración del contrato.
También de Abarca, se incluyó un prohibición a las instituciones y órganos del presupuesto nacional que suscriban “nuevos contratos de asesorías o consultorías”.
Se aprobaron tres planes de rebajas de la diputada María Inés Solís. A la Contraloría General de la República se le quitarán ¢423 millones; al Ministerio de Comercio Exterior ¢750 millones y al Ministerio de Cultura y Juventud los mencionados ¢4.126 millones.
Propuestos por varios diputados, se tramitaron un recorte por ¢582 millones en equipo, mobiliario y bienes de la Asamblea Legislativa; ¢179 millones en subpartidas varias Defensoría de los Habitantes (servicios, alquileres, tecnologías, viáticos, mantenimiento de edificios y de equipo).
Presidencia de la República sufrió un recorte de ¢547 millones, de los cuales ¢302 son de la Comisión Nacional de Emergencias (subpartidas afectadas incluyen ¢30 millones para la participación del país en iniciativas internacionales de prevención de desastres y de rescate); ¢13 millones son del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
En una última moción, la Presidencia volvió a ser impactada por un recorte de ¢547 millones. De nuevo, la mayor rebaja recaerá sobre la Comisión Nacional de Emergencias por ¢510,5 millones (esto en partidas de equipo: transporte, comunicación, tecnología y mobiliario).
