La Fiscalía dio un giro en su propuesta inicial de acusar penalmente a una pareja de mujeres que contrajo matrimonio en 2015, al valerse de un error en el Registro Civil que inscribió a una de ellas con el sexo masculino.
Ahora, el Ministerio Público pide que se archive la denuncia contra Laura Flórez-Estrada y Jazmín Elizondo, así como contra el abogado Marco Castillo y los testigos de la boda.
La información la confirmó este martes por la mañana el abogado Néstor Morera, defensor de Mario Villalta. El representante legal recibió la noticia justo este martes por la mañana al iniciar la audiencia preliminar en el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José.
La Fiscalía solicita un sobreseimiento definitivo, es decir, pidió que esta causa se archive y no pueda ser reabierta en otra oportunidad.
La nueva tesis de la Fiscalía se da tras la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a Costa Rica a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este criterio también hizo que la Sala IV declarara inconstitucional el artículo 14 del Código de Familia, el cual prohibía estas uniones.
Para fundamentar la acusación inicial, el fiscal acudió en dos ocasiones al principio de jerarquía, el cual establece que “los fiscales deberán acatar las orientaciones generales e instrucciones que el superior jerárquico imparta sobre sus funciones”, según documentos aportados por Morera. Para ese momento, quien dictaba las órdenes en la Fiscalía era Jorge Chavarría.
El caso
La pareja se casó el 25 de julio de 2015 en una ceremonia privada con amigos y familiares. El acto lo certificó Marco Castillo, activista por los derechos de las personas LGBTI.
El matrimonio fue posible gracias a que un error en el Registro Civil permitió la inscripción de Jazmín Elizondo como un hombre, pese a que biológicamente es mujer y se identifica como tal. Ese error nunca se advirtió ni se pidió su corrección.
La equivocación registral se utilizó como un portillo para casarse con Laura Flórez-Estrada, como si se tratara de un matrimonio heterosexual (el único permitido hasta ese entonces).
Meses después, el Registro Civil denunció ante la Fiscalía a la pareja por el delito de matrimonio ilegal, el cual establece penas de dos a seis años de prisión a quienes contraen matrimonio a sabiendas de que existe un impedimento legal. A su vez, el Registro anunció que corregiría el error en la inscripción de Elizondo.
La denuncia del Registro fue secundada por la Procuraduría General de la República, que alegó una “afectación a la familia”, a la espera de que un juez anule ese matrimonio.
Dentro de la denuncia también se señala a Castillo de un delito por falsedad ideológica, tras la certificación de un documento que para ese momento era inválido. Sin embargo, si el Tribunal acoge la petición de la Fiscalía, esta denuncia también se archivaría.
A finales de 2015, Laura y Jazmín presentaron una acción de inconstitucionalidad contra los artículos que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Casi tres años después, la Sala IV les dio la razón.
Ahora, con un nuevo criterio constitucional sobre la mesa, la Fiscalía pide cerrar un proceso que pretendía anular el matrimonio entre dos mujeres y castigarlas con cárcel, puesto que el acto ya no se considera un delito.
