La Fiscalía General, al mando de Emilia Navas, ordenó ayer la reapertura de la causa penal contra Alejandro Toledo, expresidente de Perú, tras una desestimación de tres años y cinco meses.
Se trata de una investigación sobre el ingreso de $17 millones al Scotiabank Costa Rica, porque, supuestamente, provenían del pago de sobornos a Toledo, de parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.
Después del análisis realizado al caso, se determinó que existieron delitos contra funcionarios bancarios que debieron investigarse, los cuales prescribieron, según comunicó la Fiscalía.
La causa penal se reactiva en contra de Toledo, su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman.
“Determinamos que el caso requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido, a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada”, explicó Navas, en la resolución que se presentó hoy al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
Además de legitimación de capitales, se investiga la causa por delitos tributarios, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y peculado.
“No se analizaron ni reportaron operaciones sospechosas y se omitió información bancaria que fue requerida a los funcionarios, sobre el presunto lavado de activos”, afirmó la Fiscalía.
Desestimaciones
La Fiscalía, encabezada por Jorge Chavarría, y en este caso particular por los fiscales Osvaldo Henderson y Luis Carlos Castro, pidieron la desestimación del caso hasta en tres ocasiones, pese a la objeción del juez penal Manuel Rivera Solano, al considerar que la Fiscalía no realizó una justa pesquisa.
El 3 de junio del 2015, el fiscal de Legitimación de Capitales, Luis Carlos Castro Araya, le solicitó al juez Rivera el cierre de la causa al considerar que “pese a que las acciones celebradas en Costa Rica por sí solas constituyen la delincuencia investigada, debe tenerse en cuenta que existe una imposibilidad material de proseguir con la presente causa en virtud de que las personas investigadas se encuentran fuera del territorio nacional”, dice la solicitud de desestimación.
Consultado por UNIVERSIDAD en octubre, Chavarría afirmó que no conoció personalmente esta causa y que la revisión del pedido de desestimación la hizo Henderson.
