La Fiscalía allanó este martes las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las constructoras Meco y Puentes y Calzadas.
Se investigan los pormenores que llevaron al Conavi, en conjunto con el consorcio investigado, a construir una carretera que supuestamente conectaría la ruta 32 con la terminal de contenedores de Moín, pero que sufrió un desfase de 80 metros, lo que ocasionó que el Estado costarricense asumiera un pago adicional de $14 millones para diseñar y construir la parte que no fue contemplada inicialmente.
El secuestro de documentos inició a las 8:30 a.m., y estuvo a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La Fiscalía sospecha que no existieron “errores de diseño”, sino que desde el inicio del proyecto se conocía del faltante para acceder a la terminal. Las pruebas que se decomisan en las cinco oficinas serán analizadas por el Departamento de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial.
Pese a que aún no se definen personas imputadas, se investiga el delito de influencia contra la hacienda pública. De encontrarse algún culpable, se expondría a penas de entre dos y ocho años de cárcel.
