La Fiscalía General de la República realiza un allanamiento en el “data center” del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ubicado en Guatuso de Cartago, como parte de la investigación por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El allanamiento es dirigido por la fiscala general, Emilia Navas, con la aprobación de la Sala Tercera.
Navas participa en el allanamiento porque dentro de las personas investigadas está el presidente de la República, Carlos Alvarado, a quien lo cubre un fuero especial por ser parte de los supremos poderes.
También son investigados el exministro de la Presidencia y diputado, Víctor Morales; el exviceministro de Planificaicón, Luis Daniel Soto; la exdirectora del despacho de la Presidencia de la República, Felly Salas; el exasesor legal Luis Eduardo Salazar; y los tres asesores que laboraban en la UPAD: Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.
En el expediente se investigan los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
El ICE informó que ha “facilitado las condiciones para que las autoridades realicen sus tareas, al tiempo que se ha puesto a las órdenes de la Fiscalía para sus requerimientos de información”.
También indicó que el operativo no afectará el funcionamiento del “data center”, ni la seguridad y los servicios que se brinda a los clientes. Este centro de datos almacena información digital de entes públicos y privados.
El decreto que creó formalmente la UPAD establecía la potestad de acceder a información confidencial que administran otras entidades, a pesar de que esto tiene límites establecidos por ley.
Dicho decreto indicaba que se contaba con el aval del Ministerio de Planificación (Mideplan), pero este ministerio más bien había recomendado no aprobarlo.
