La Fiscalía General de la República presentó este lunes una acusación contra el diputado Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), y pidió a la Corte Plena elevar una solicitud de levantamiento de inmunidad ante la Asamblea Legislativa.
Así lo confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía a UNIVERSIDAD, luego de que este medio consultó primero a la Corte, pero se le remitió a la Fiscalía.
El Ministerio Público acusa al diputado del delito de concusión, por supuestamente obligar a un exasesor a donar la mitad del salario para pagar favores políticos, un caso que reportó el medio AmeliaRueda.com, en mayo anterior.
De acuerdo con el artículo 355 del Código Procesal Penal, “se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
Antecedentes
El caso fue denunciado por el exasesor de apellidos Monge Morranghello ante la Fiscalía desde inicios de mayo pasado; y se tramita bajo el expediente 18-000175-0033-PE.
Monge denunció que Vargas le habría ofrecido un puesto en su despacho para administrar las redes sociales del congresista, con la condición de donar la mitad de su salario por un par de quincenas en beneficio de Marco Montenegro Aguilar, asesor ad honórem y esposo de Mariana Fernández Sing, candidata a diputada del mismo partido (que no fue electa) y tesorera.
No obstante, Monge alega que la situación se prolongó por más de tres meses, según detalló en su denuncia.
Además, el exasesor asegura que Vargas le pidió abandonar el despacho después de negarse a borrar conversaciones en Whatsapp en las que —asegura— estarían constatadas las solicitudes (y las respuestas del diputado).
Por esta razón Monge dijo haber sido despedido el 12 de septiembre del año pasado, pero que en el registro la razón del despido fue por “abandono de labores”.
¿Cómo se levantaría la inmunidad?
La inmunidad de los diputados les permite no ser juzgados durante los cuatro años de su gestión. Es un fuero que protege a los miembros de los Supremos Poderes.
Para levantar esta inmunidad, la Corte debe analizar la petición de la Fiscalía y hacer una votación. Si la mayoría vota en favor de pedir el levantamiento de inmunidad, la solicitud viaja hasta la Asamblea Legislativa, en donde se conforma una comisión de tres personas que realiza un informe y una recomendación al resto de los diputados.
Los legisladores deben estudiar el informe, y sin necesidad de seguir la recomendación de la comisión, votan a favor o en contra del levantamiento. Si se aprueba (con el apoyo mínimo de 38 congresistas), Vargas sería juzgado por cinco magistrados de la Sala III.
Este medio intentó conversar con el diputado Vargas, así como con su asesor José Manuel Echandi, sin embargo, no contestaron las llamadas al cierre de esta nota.
