La fiscal general Emilia Navas descartó riesgo alguno sobre la información que se extraiga del celular personal del presidente Carlos Alvarado, después de que le fuera decomisado durante el maratónico allanamiento de 32 horas entre viernes y jueves por el “caso UPAD”.
En conferencia de prensa dada la mañana de este lunes, la jefa del Ministerio Público dijo que ella es quien debe presenciar la revisión del contenido del teléfono del mandatario para seleccionar el material que pueda resultar útil para el caso en que se investiga a Alvarado por prevaricato, al tener un equipo de asesores que analiza datos y que podría haber accedido a información confidencial de los ciudadanos, como se denunció.
Navas confirmó que esperan que los magistrados de la Sala Tercera, encargada de los temas penales, autoricen la apertura de toda la prueba tomada entre viernes y sábado en la sede de la Presidencia, el Ministerio de Planificación y las viviendas de tres de los profesionales que han trabajado en la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que se intentó crear formalmente con un decreto publicado el 17 de febrero y derogado cuatro días después, debido a numerosas dudas y críticas.
La Fiscalía hará una copia total de la información de las computadores y los teléfonos decomisados, incluidos mensajes, fotos, videos, bases de datos, archivos de texto o de datos. Después se extraerá los que resulte útil para agregarlo al expediente y la copia queda bajo custodia del Ministerio Público, explicó el fiscal auxiliar José Pablo Miranda.
Incluso, en el caso del presidente Alvarado, es posible abrir un expediente en caso de que encuentren información que resulte sospechosa de cualquier otro caso. “Se tomaría como noticia críminis”, dijo Miranda.
No ha habido hasta ahora indagatorias y tampoco sería posible hacerla contra el mandatario porque tiene un fuero especial que solo lo puede retirarlo Asamblea Legislativa si así lo solicita el Ministerio Público, pero en una etapa posterior de la investigación.
El caso tardaría tres años en prescribir, por lo cual es posible que el mandatario termine su período presidencial en mayo del 2002 y pierda la inmunidad sin haber sido procesado hasta ese momento, lo cual facilitaría la indagatoria y una eventual acusación o juicio.
Navas explicó que, mientras Alvarado sea presidente, son los magistrados de la Sala Tercera quienes se erigen como jueces para autorizar allanamientos, apertura de prueba y nuevas diligencias, pero también serían quienes lo juzguen si la investigación lo amerita. Y una posible apelación la tendría que ver la Corte Suprema, formada por 22 magistrados de todas las salas.
Alvarado, el ministro de la Presidencia Víctor Morales y su viceministro de Planificación, Soto Castro, son sospechosos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), mientras cinco funcionarios presidenciales lo son del delito de abuso de autoridad. Todos, a su vez, del delito de violación de datos personales, dijo Navas.
La fiscal general explicó que debe ser ella quien revisa y acompañe la investigación de manera personal, lo cual le dificulta trabajar en otros asuntos. Eso, porque así lo dictan las reglas actuales, creadas para tiempos en que nadie imaginaba que sería probable investigar a miembros de los supremos poderes, dijo ella. “Reglas “arcaicas”, calificó el fiscal Miranda.Navas agregó que no consideraron necesario allanar la casa de Alvarado, en Santa Ana, pero sí el vehículo oficial que suele utilizar, por si había algún aparato más de interés para la investigación.
