Como le sucedió en 2012 al magistrado Fernando Cruz, un grupo de diputados mueve los hilos para no reelegir al juez Paul Rueda en la Sala Constitucional, el tribunal que resuelve asuntos de derechos humanos y que, a su vez, puede frenar proyectos de los legisladores.
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El presidente de la Corte recuerda que hace siete años otro grupo de diputados, encabezados por el liberacionista Fabio Molina, le quisieron cobrar sus sentencias y hacer “un llamado de atención a la Corte”. Hoy la Asamblea tiene una conformación lejana al bipartidismo de aquella época pero las señales enviadas por los diputados podrían limitar las decisiones de los magistrados, según opina Cruz.
“Lo dije cuando me pasó en el 2012. A partir de ese momento, los magistrados sienten una reducción en la libertad de su decisión. Hay una ruptura con el hecho de que yo no fuera reelecto. Yo no fui reelecto por temas de reproche”, recuerda Cruz, quien recibió 38 votos de legisladores que exigían su salida de la Sala IV. Ese mismo tribunal encontró que el procedimiento se realizó a destiempo, por lo que invalidó la votación y restituyó a Cruz.
El juez considera que las amenazas a la independencia judicial se agravan con el multipartidismo. “Antes con el bipartidismo era una reelección aprobada de antemano. Ahora, con seis o siete grupos distintos, cada uno quiere tener el juez que responde a sus visiones de mundo”, dijo Cruz, quien recordó que “un juez a plazo es un juez con una limitación para decidir”.
Las palabras de Cruz se dan un día después de que el legislador socialcristiano Pablo Heriberto Abarca dijo a este medio que decidirá su voto con base en las sentencias de Rueda y el nivel de “coincidencia con su oferta electoral”.
Una publicación del medio digital CRHoy.com reveló que Abarca “coincidió” en un restaurante capitalino con el magistrado de la Sala IV, Luis Fernando Salazar. Ante consulta de UNIVERSIDAD, Abarca dijo que conversaron por un par de minutos sobre la reelección “en términos generales” y que el encuentro no fue planeado. Horas después del encuentro, Abarca asistió a la Comisión de Nombramientos (en sustitución de Rodolfo Peña) y cuestionó a Rueda por su sentencia en contra de la pesca de arrastre.
Una advertencia similar hizo la diputada del Partido Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, en agosto anterior. “Les recuerdo a los magistrados que ustedes se reeligen acá en la Asamblea Legislativa”, dijo ante el Plenario, después de mostrar su malestar por la aprobación del matrimonio igualitario, que entrará a regir en 2020.
El presidente de la Corte consideró que “el hecho de que los señores diputados elijan a magistrados hace que fácilmente un sector de ellos pueda pensar ‘si yo elijo magistrados, ese magistrado tiene que responder a mis visiones, el que elige manda’. Es inevitable que cuando venga una reelección se planteen estos problemas frente a un grupo de diputados”.
Cruz también es crítico en la manera en que se elige a los magistrados y cómo este procedimiento no exige que los diputados justifiquen por qué recomiendan reelegir o no a un juez.
“Hay una amenaza muy cercana, si yo no tengo que motivar porque reelijo a alguien, eso hace que el magistrado se convierta en un funcionario de confianza del Parlamento”, advirtió.
Preocupación
La movida para evitar la continuidad de Rueda en la Sala IV se ve con preocupación desde algunos sectores. La Asociación Costarricense de la Judicatura aboga por establecer un periodo único de 12 años, sin reelección, y a su vez señala que la discusión de los pronunciamientos de los jueces no debe estar sobre la mesa en estos procesos.
“Consideramos incongruente tanto que los políticos utilicen los criterios de resolución de la persona juzgadora para definir su continuidad o no, como el hecho de que un juez promueva su candidatura con base en sus pronunciamientos jurisdiccionales”, se lee en un comunicado oficial.
Rosaura Chinchilla, coordinadora de la maestría de Ciencias Penales de la UCR y una de las expertas que supervisó el proceso de elección de magistrados, considera que los jueces pueden no ser reelegidos por incumplimiento de deberes o abuso de poder, pero “no por el contenido de sus decisiones, gusten o no gusten a unos u otros”.
“Ningún juez o jueza puede ser destituido de su cargo por el contenido de sus resoluciones porque, si eso se permite, los jueces no van a querer defender los derechos de las personas o resolver fuera del margen de poder por miedo a no ser nombrados”, explicó.
“El constituyente de 1949 discutió el tema de si el nombramiento debía ser vitalicio o inamovible o no y si bien predominó la referencia a períodos, la reelección se consideró automática por la Sala Constitucional si no se votaba en contra dentro del período, como garantía de esa independencia y, por ende, la opción de no reelegir debe darse con anterioridad al vencimiento y nunca invocando el contenido de lo resuelto porque se trataría de una aplicación encubierta del régimen disciplinario, sin debido proceso”, agregó.
El exmagistrado de la Sala III, José Manuel Arroyo, subrayó que a los jueces hay que exigirles resoluciones fundamentadas y justas, pero que la independencia judicial no es un privilegio de jueces sino un derecho de cada ciudadano.
“El juez no está para complacer a unos o a otros, sino para garantizar los derechos de todos, incluidos, por supuesto, los derechos de los más débiles y los que están en minoría. En nuestro sistema, con diputados eligiendo magistrados, es ilegítimo y atentatorio contra la división de poderes, la independencia judicial y los principios democráticos, cobrarle a un juez el contenido de sus sentencias”, concluyó.
