No fue una manifestación pacífica, según Juzgado de Trabajo

Factor “violencia” determinó ilegalidad de huelga en el MEP

Condenan a sindicatos de SEC, ANDE y APSE a pagar ₡6 millones por costas procesales y personales, según informó el MEP.

La huelga de empleados del Ministerio de Educación Pública (MEP) es ilegal, debido al factor “violencia” de parte de miembros de los sindicatos. Así lo declaró esta mañana el juez Francisco Quesada, del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, en el voto 2018-1980.

El juez condenó a la Asociación Nacional de Educadores, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) al pago conjunto de ₡1 millón por costas procesales y de ₡5 millones por costas personales.

La ilegalidad del movimiento se argumenta luego de comprobar que no se trató de una huelga pacífica. El juez afirmó que las expresiones no deben sobrepasar los límites de racionalidad y proporcionalidad.

“No escapa a la presente calificación y el no cumplimiento del requisito de ser un movimiento pacífico, el hecho del impacto que el actuar sindical trajo a Costa Rica, vulnerando con ello las mismas bases constitucionales, las cuales son como se dijo, garantías para los costarricenses y lo cual con el movimiento se vieron altamente vulneradas, sin que por parte de las autoridades del Gobierno mismo se diera respuesta para evitar que se violaran los mandatos Constitucionales”, alegó el juez en la sentencia.

De acuerdo con Quesada, si bien la educación no es considerada como “servicio esencial”, el tema es vinculante con el elemento violencia o la “pacificidad” de la cual deben gozar las huelgas.

“El actuar de muchos de estos sindicalizados, en acciones que van en contra del elemento pacífico que debe caracterizar este tipo de movimientos, si bien no refleja que todos hayan tomado parte en esos actuares contrarios al orden público, sí deja claro que muchos lo hicieron y para el particular no se está calificando una acción individual, sino un movimiento de forma generalizada, mismo en el que sin duda están involucrados los sindicados contradictores según la prueba allegada al expediente y la notoriedad que han tenido esas acciones a lo largo y ancho del país”, justificó.

Durante la huelga se realizaron bloqueos que violaron las libertades de tránsito de los ciudadanos. Pese a que sí se demostró una participación mínima de empleados, el juez basó su declaratoria de ilegalidad al sobrepasar estos límites de proporcionalidad.

“Conforme se infiere de la norma constitucional citada, el derecho de huelga, está restringido desde la base constitucional, a un aspecto fundamental y del cual quien
juzga, considera básico desde la génesis de cualquier movimiento de presión, y es el factor “violencia”, pues debe prevalecer siempre el sentido común y la paz social aún y
cuando haya discrepancia entre relaciones obrero-patronales y más de carácter colectivo como en el particular”, reza el fallo.

“Ya es más que deseable retomar la normalidad en las escuelas y colegios para garantizarles a todos los estudiantes su derecho a la educación. En los últimos días hemos valorado, bajo criterios técnicos, varios escenarios de evaluación que no perjudiquen a los jóvenes y niños por las clases no recibidas durante el mes de huelga. Todas las maestras y profesoras son importantes en el proceso formativo y serán bienvenidas de regreso al espacio más seguro que es el aula, las cocineras a los comedores y los funcionarios a sus puestos”, dijo Édgar Mora, ministro de Educación.

Por su parte, Roblin Apú, secretario general de la APSE, afirmó que aún no han sido notificados y que apelarán la sentencia.“Esto no es que se termina de una vez ahí, pensando en que tenemos que regresar de inmediato al trabajo. Hay un debido proceso en donde se deben tramitar las apelaciones. Este procedimiento podría abarcar una semana más”, comentó.

Este jueves por la tarde también se declaró como ilegal la huelga en el INA, según el voto 2088-2018 del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José.  Para este caso en particular, el juez encontró que los sindicatos no dieron pruebas de que exista un acta notarial del Sindicato o Sindicatos del INA que reúnan más del 50% de trabajadores afiliados, ni se cuenta con el informe del Ministerio de Trabajo. Tampoco se comprobó un agotamiento de las vías de conciliación.

Hasta el pasado lunes 8 de octubre, se reportaron unos 27.563 funcionarios ausentes, como parte de una muestra de un 36% de centros educativos que rindieron informes de asistencia al MEP.

 


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