El extesorero del Partido Acción Ciudadana (PAC) Óscar Fernández aseguró que hubo “intención de defraudar el erario público” en los contratos por servicios especiales de la campaña presidencial del 2010. Mencionó “inconsistencias” en las fechas de los contratos y, también, en las fechas de vencimiento de las cédulas de los firmantes.
Este lunes, Fernández proyectó algunos ejemplos para los diputados de la Comisión que investiga el financiamiento del PAC durante las campañas presidenciales del 2002, 2006 y 2010.
Entre otros, presentó un contrato firmado por el ahora diputado del PAC, Enrique Sánchez, con fecha de “uno de junio del 2009” y con vigencia entre “el uno de mayo del 2008” y el “30 de setiembre del 2009”.
Sánchez firmó este contrato con la exsecretaria General del PAC Margarita Bolaños. No obstante, Fernández señaló que, a diferencia de otros contratos, el texto firmado no establece la fecha en la que Bolaños fue nombrada en su puesto (el 18 de febrero del 2009, según dijo el extesorero).
“¿Por qué no puso cuándo había sido nombrada? Porque está abarcando un periodo en el que no tenía esa potestad de contratar a nadie. Contrató alguien que inició el primero de mayo del 2008. Estas cosas se hacen porque piensan que nadie se daría cuenta. ¿Cómo voy a contratar el 1 de junio del 2009 a alguien que comience a trabajar en mayo del 2008?”, expuso Fernández.
El contrato que usó de ejemplo describe que Sánchez percibió “un pago mensual de ₡600.000” por “redacción de noticias, comunicados de prensa, organización de eventos, actualización y mantenimiento de la página web, y otros atinentes a su profesión”.
UNIVERSIDAD buscó información con el diputado Sánchez y dijo que no dará declaraciones hasta conocer del tema.
La Comisión decidió convocar a Fernández para otra comparecencia.
Los diputados deberán pedir una “prórroga” para “realizar el informe y discusión por el fondo” pues la Comisión vencerá su tiempo de trabajo el 18 de diciembre.
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Irregularidades con fechas y cédulas de identidad
El extesorero del PAC, Óscar Fernández, expuso una investigación propia frente a la Comisión.
Fernández fue tesorero del partido entre el 2005 y el 2009. Explicó que, en la espera de ser convocado a una audiencia frente a la Comisión, pidió información al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre los contratos para la campaña 2010.
De acuerdo con la investigación de Fernández, el 7 de febrero del 2009, su equipo dejó constituido “la estructura formal del PAC”. Después de esa fecha, encontró 355 contratos firmados en tres meses de ese mismo año: abril, junio y agosto.
“¿Cómo vamos a creer que este ejército de funcionarios los hayan contratado de la noche a la mañana? Un esquema de mano de obra como este no es creíble si fue de un día para otro. Quienes hemos trabajado en contabilidad y administración, sabemos que tiene que haber sido pensada muchos meses antes. Esta gente no estaba en posición de autoridad”, afirmó Fernández.
El extesorero encontró en las copias de las cédulas de identidad discrepancias entre las fechas de vencimiento y las fechas de las firmas del contrato.
“Esta cédula tiene el vencimiento del 27 de noviembre del 2019. La cédula se la dan a uno cada diez años, ¿cómo pudo haber firmado en septiembre si se la dieron en noviembre del 2009?”, cuestionó con otro ejemplo.
Los diputados solicitarán más información al TSE sobre las incongruencias detalladas por Fernández.
Contratos con fechas incompletas
El extesorero encontró también que las fechas de firma en los contratos tienen un “defecto”: los documentos no especifican el día de firma, solamente el mes. En varias ocasiones, dijo que los contratos fueron impresos todos juntos, en lugar de individualmente para su respectiva firma.
“Todos los contratos tienen este defecto de la fecha. Si los que hicieron en abril tenían ese problema, ¿por qué los que iban a hacer en junio no los corrigieron? ¿Por qué no corrigieron los de agosto? Hicieron una sola impresión de todo”, dijo en su comparecencia.
“La lectura que yo hago de esto es simple y sencillamente fue la simulación de gastos con el propósito de cobrar la deuda política. Para mí todos los contratos están viciados de nulidad y hay responsabilidades que deben afrontar un juicio”, aseguró el extesorero.
“Esto no tiene parangón en la política del país. Esto no lo hicieron en la política tradicional con partidos de una vigencia de más de 70 años y tampoco lo hizo el PAC antes de esto”, aseguró el extesorero.
“Si los contratos del 2006 son prácticamente iguales a los del 2010, ¿por qué los 2010 fueron a tribunales por delito?”, cuestionó el diputado Dragos Donalescu (Partido Republicano Social Cristiano).
No obstante, Fernández negó saber quién redactó los documentos del 2010. Mencionó que para el 2006 “no queríamos gastar dinero y teníamos que recurrir a la gente que realmente era afín y que tenía aprecio por el partido”.
Según dijo, algunos abogados que revisaron contratos fueron Sergio Alfaro (exministro de la Presidencia de Luis Guillermo Solís y ahora embajador en Bélgica); Rodrigo Alberto Carazo (embajador de Costa Rica ante la ONU) y el actual “presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros”.
