La exjerarca de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Ann Mckinley, defendió este martes por la tarde ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, la inversión de ₡15 mil millones en la compra de dos grúas pórticas Post-Panamax actualmente subutilizadas.
De acuerdo con Mckinley, este dinero no fue utilizado en el pago de liquidaciones debido a una apuesta por aumentar el perfil competitivo de la institución y que las prospecciones de la entidad no incluían la disminución en el volumen de carga. A esto se suma el hecho de que cualquier disminución de personal -según lo estipulado- se debería hacer solo después de la entrada en operación de APM Terminals.
“Esta inversión era mandatoria y se hizo en consonancia con lo indicado en el Plan Maestro de Desarrollo Portuario, el cual estipulaba la continuidad de operaciones en un marco en el que cada terminal debe especializarse según la carga y actividad correspondiente. El Muelle de Moín requería tener sus propias grúas”, aseguró la exjerarca.
La expresidenta agregó también que esos ₡15 mil millones fueron reservados desde el 2010 para ser ejecutados en el programa de reestructuración de la Junta y así favorecer la competitividad de la institución.
Durante la audiencia, Mckinley destacó que durante su administración se auditaron los estados financieros de Japdeva, aumentaron los ingresos y el volumen de carga, y se negoció por primera vez -y hacia la baja- la Convención Colectiva, entre otros.
“Durante mi gestión los ingresos a la institución aumentaron y el volumen de carga aumentó a los niveles más altos de la historia de Japdeva (52 años). Superamos el 1.200.000 TEUS. Estas acciones se hicieron en concordancia con Plan Maestro de Desarrollo Portuario del 2008, el cual es la guía de actuación estratégica de la Junta”, externó la exjerarca.
“Recibimos una Japdeva con equipos en deterioro, rezagos en inversión, desequilibrio financiero y contable por no poder actualizar tarifas y convención colectiva inconveniente para la sostenibilidad”, agregó.
Los diputados de la comisión criticaron la falta de planificación de la Administración de la Junta, pues a su criterio, la crítica situación financiera que afronta la situación no era “impredecible”, a sabiendas de que la TCM entraría en operación
Mckinley destacó que durante su gestión se hizo un plan estratégico con el objetivo de ver las proyecciones que podía tener la institución de cara a la entrada en operación de APM Terminals. Además señaló que también existe un informe técnico que respalda la conveniencia de invertir en equipo.
“Japdeva no se está cerrando. El problema que ha tenido Japdeva es el rezago estructural que tenemos en la provincia. Una institución que tiene un rezago de más de 30 años de una serie de tareas que no se hicieron en el momento adecuado. Sigue siendo un negocio y una oportunidad que se puede desarrollar. Lo que hace falta es que le soltemos las amarras a Japdeva”, aseguró.
Hueco financiero
Mensualmente, Japdeva gasta en promedio ₡3400 millones; mientras que solo genera ingresos por ₡795 millones; esto se traduce en un hueco financiero de ₡2.600 millones.
Para paliar esta situación, a finales de mayo, los representantes patronales y sindicales de Japdeva anunciaron la creación del proyecto de ley “Modernización de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) y protección de sus personas servidoras”.
Este proyecto invita a los trabajadores con más de 55 años y 25 años laborados a se jubilen anticipadamente o que se acojan a traslados horizontales a otras instituciones de la Administración Central y Descentralizada institucional.
Finalmente, a los trabajadores que no escojan estas opciones, se les reconocerá -adicional a la liquidación y a lo que en derecho corresponda- ciertas bonificaciones según su condición.
Para llevar a cabo este plan remedial, el Gobierno solicitó a los diputados la aprobación de un presupuesto extraordinario de ₡23.600 millones.
Del total de esta inyección, ₡16.237 millones se destinarían a la liquidación de trabajadores, ₡5.723 millones al pago de planilla y ₡1.689 millones al régimen de jubilación anticipada.
Este martes por la tarde, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en segundo debate el tercer presupuesto extraordinario, el cual incluye ₡5.723 millones que deberán utilizados para el pago de funcionarios durante un período de tres meses.
