Exfiscal denunciante de UPAD sostiene que derogación de decreto no elimina posibilidad de delitos

Francisco Dall’Anese, junto con otros dos abogados, presentó una denuncia penal por los delitos de fraude de ley, prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales

El exfiscal general Francisco Dall’Anese Ruiz (periodo 2003-2010) es uno de los abogados que denunció al presidente Carlos Alvarado y a otros funcionarios en el caso relacionado con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Dall’Anese, quien actualmente se desempeña como abogado litigante, junto con otros dos abogados presentó una denuncia penal por los delitos de fraude de ley, prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales. Esta denuncia se unió a dos presentadas por otros dos abogados.

Para el exfiscal, aunque el presidente derogó el decreto que creó la UPAD apenas cinco días después de su publicación, esto no elimina la posibilidad de que se cometieran delitos.

“Eso es como pretender que alguien se roba algo y, cuando lo descubren, devuelve la plata. El robo se consumó, la actitud posterior a la comisión del delito significaría un punto a favor del imputado a la hora de fijar la pena, si es que lo condenan”, argumentó.

“Aquí no hay arrepentimiento activo ni nada de lo que han dicho otros colegas, porque eso se da, por ejemplo, cuando usted pone una bomba y tiene que esperar a que explote, pero antes de que explote usted se arrepiente y hace lo necesario para que no explote, de manera que logra que el resultado no sobrevenga, pero en el caso del prevaricato, el resultado ya había sobrevenido, ya estaba emitida la resolución ilegal, y ya estaba el fraude de ley y se había actuado con abuso de autoridad”, añadió Dall’Anese.

Francisco Dall’Anese es uno de los denunciantes por el caso UPAD. (Foto: Katya Alvarado).

El abogado indicó que los tribunales determinarán si se actuó con dolo (conocimiento y voluntad), lo cual sería necesario para que se configuren los delitos.

En criterio del exfiscal, el decreto emitido por el Poder Ejecutivo era contrario al artículo 24 de la Constitución Política, el cual garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Consideró que ello implicó una extralimitación de las funciones del presidente Alvarado y por lo tanto un abuso de autoridad.

El delito de prevaricato se castiga con prisión de dos a seis años y lo comete el “funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.

El fraude de ley se pena con entre uno y cinco años de prisión y ocurre cuando se emplean normas jurídicas para lograr resultados “que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico”.

El abuso de autoridad se da cuando “el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien”. Se pena con prisión de tres meses a dos años.

La violación de datos personales se castiga con prisión de tres a seis años y lo comete quien “en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos”. Esa pena puede ser agravada en algunos casos.

Dall’Anese indicó que la investigación determinará si hubo o no violación de datos personales. “Si no se obtiene prueba de que se hayan violado los datos, entonces ese delito no estaría cometido. Pero los otros tres sí estarían por lo menos objetivamente configurados y serán los tribunales los que determinan si se actuó con dolo o si el presidente fue inducido a error”, agregó el jurista.

El exfiscal manifestó que presentó está denuncia porque no está dispuesto a “renunciar” a sus derechos constitucionales. Los abogados Gustavo Adolfo Corella y Grigory Chaves son los otros dos firmantes.

Este viernes, la Fiscalía General realizó 10 allanamientos en Casa Presidencial, en el Ministerio de Planificación y en viviendas. Además del presidente, entre las personas investigadas están el ministro de la presidencia, Víctor Morales; el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto; los asesores de la unidad de datos Alejandro Madrigal, Diego Fernández y Andrés Villalobos; también la directora de despacho del presidente, Felly Salas; y el asesor legal, Luis Eduardo Salazar, quien el jueves renunció a su puesto.

En ese operativo no hubo detenciones, solo recolección de evidencia.

En los allanamientos participaron cinco miembros de la Sala Tercera debido a que a ellos les corresponde el juzgamiento en casos de miembros de los supremos poderes. Al estar investigado el presidente y un ministro, los magistrados penales aprueban las diligencias como allanamientos.

En caso de que la Fiscalía llegue a presentar alguna acusación contra miembros de los supremos poderes, la Corte debe decidir si solicita a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero especial que les cobija.

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