“En algunos casos, el candidato hacía una exposición de unos 10 minutos sobre lo que entendía como los aspectos más importantes, y la mayor parte de las veces, los diputados de la comisión ni siquiera formularon una pregunta al candidato, solo dieron las gracias. En otras ocasiones formularon preguntas que no eran atinentes al tema, parecían ocurrencias. Nos llamó la atención un candidato que trajo una exposición, esperaba que hicieran unas preguntas, no se las hicieron y nunca supimos qué pensaba”, relató Cristina Víquez, exjueza que lideró una radiografía al proceso de nombramiento de magistrados de las salas III y Constitucional.
Un panel de expertos en las áreas de derecho, comunicación y administración pública analizaron los procesos de selección de magistrados para las vacantes que dejaron José Manuel Arroyo, en Sala III, y Gilbert Armijo, en Sala Constitucional, sillas que aún permanecen vacías.
Entre las principales conclusiones, se encontró que no existe una metodología definida para que los diputados de la comisión de nombramientos conduzcan las entrevistas.
“Las entrevistas no sabemos a qué van dirigidas, si a conocer el pensamiento ideológico o jurídico, o la hoja de vida de los candidatos”, explicó Víquez, quien agregó que para efectos de sugerencia, se realizó un cuestionario de 16 preguntas para los postulantes de la Sala Constitucional y otro de 12 para los candidatos en la Sala III. De acuerdo con datos del panel, un 62% de los candidatos contestó.
Además, el panel encontró que, una vez que la comisión de nombramientos recomienda a un número reducido de magistrados, se limita a narrar su edad, estudios y experiencia laboral y docente, sin argumentar las razones de su recomendación.
“La justificación, no debe limitarse a una generalidad, sino que la solución debe llevar a una adecuación del contenido de la decisión a las particularidades del caso, para lo cual es esencial la ponderación de los hechos tenidos en cuenta”, sugiere el informe.
Otra de las observaciones del panel es que no existe un procedimiento uniforme, objetivo y “mesurable” para calificar a los candidatos.
“Desde la apertura del concurso, pasando por la revisión de atestados, las audiencias a las personas postulantes, el dictamen de la comisión y el procedimiento de elección en el Plenario; todo descansa en el cumplimiento de los requisitos constitucionales, sin que se haya reglamentado, ni sistematizado de forma técnica un proceso para garantizar una elección basada en idoneidad”, dice el informe.
Los expertos agregaron que el proceso de selección deja márgenes de discrecionalidad amplios, sin criterios objetivos de selección.
La ausencia de un perfil laboral para el puesto de magistrado de cada sala fue otra de las críticas del panel. “Es difícil concebir que uno de los procesos de nombramiento para cargos de relevancia constitucional, como los que corresponden a la magistratura, carezcan de una información elemental como lo es la definición de un perfil laboral”, reza el informe.
La Sala III tiene una vacante desde hace un año y cuatro meses, mientras que la Sala Constitucional busca llenar la silla que dejó Gilbert Armijo desde hace dos años y seis meses. Además, esta última sala deberá abrir un nuevo concurso ante la jubilación de Ernesto Jinesta.
Los resultados del estudio se presentaron este miércoles por la mañana en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, en donde se contó con la presencia de jueces de la República y funcionarios del Poder Judicial, así como de las diputadas del Partido Acción Ciudadana, Nielsen Pérez y Carolina Hidalgo (también presidenta del Congreso). Además, se enviaron las propuestas del Panel para que los legisladores que conformen la comisión de nombramientos en esta legislatura puedan aplicarla.
El Panel Independiente estuvo conformado por Francisco Arroyo Meléndez, exdirector del Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, Any Pérez Cortés, periodista dedicada a la cobertura e investigación de temas políticos, Manuel Ventura Robles, exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cristina Víquez Cerdas, ex jueza contenciosa.
