Seis hombres y tres mujeres son los recomendados por los diputados de la Comisión de Nombramientos para llenar las tres vacantes que dejó el último escándalo político en la Sala III, a raíz del Cementazo y una polémica desestimación que llevó al despido de un magistrado, además de la jubilación de otros dos jueces.
En sustitución del expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla (se jubiló en julio pasado), los siete legisladores de esta comisión sugieren que el pleno de la Asamblea escoja entre los jueces de apelación de sentencia, Gustavo Jiménez y Roy Badilla o la actual suplente de esta sala, la penalista Sandra Zúñiga.
En el caso de la vacante que dejó la exmagistrada Doris Arias (también jubilada), la Comisión recomienda al suplente Rafael Bonilla; al especialista en derechos humanos, Gerardo Alfaro; y a la jueza y exdefensora pública Zhuyem Molina.
El catedrático de la UCR, Álvaro Burgos, encabeza la lista de recomendados para suplir al exmagistrado Celso Gamboa, quien fue despedido por su viaje a Panamá con el empresario cementero Juan Carlos Bolaños, este último lleva un año y dos meses en prisión preventiva.
El jurista Omar White y la jueza de apelación, Cynthia Dumani cierran la lista de recomendaciones.
Descartados
Los diputados dejaron por fuera al director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza, así como a actuales magistrados suplentes de esa sala, como es el caso de Jaime Robleto y Jorge Desanti.
Robleto denunció públicamente una supuesta inmersión de agenda religiosa en la Sala Constitucional, y se declaró abiertamente a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Por su parte, Desanti se benefició de una maniobra que permitió a él y otros dos suplentes el cobro de dietas y jubilación a la misma vez, pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial lo prohíbe.
Otros aspirantes, como el abogado Allan Arburola, que denunció un supuesto fraude en las elecciones presidenciales anteriores y presentó un recurso contra la eliminación del sexo en las cédulas, quedó fuera antes de la ronda de entrevistas, ya que su puntaje total fue inferior a los 70 puntos (el mínimo para recibir audiencia).
¿Cómo se eligieron?
La Comisión recibió una lista de más de 35 candidatos para ocupar una silla en la sala que ve los temas de delitos penales en una segunda instancia, entre otros.
A esos candidatos se les hizo una revisión de atestados, y quienes obtuvieron una nota superior a 70 (de acuerdo con una escala de medición) clasificaron a una ronda de entrevistas.
La lista se redujo a 19, y una vez que se le dio audición a cada uno de ellos, los diputados dieron una puntuación final que resume el desempeño académico y profesional, así como en la entrevista.
Como parte del nuevo reglamento, los diputados votaron entre los mejores diez, y escogieron a tres en cada terna, para así emitir una lista final con nueve recomendaciones.
Pese a este proceso, no es de acatamiento obligatorio que la Asamblea Legislativa vote por alguno de estos nueve aspirantes. De hecho, la normativa del Congreso permite que los diputados escojan a abogados que ni siquiera participaron del concurso, o a quienes quedaron por fuera de las recomendaciones finales.
La comisión estuvo integrada por los diputados Ana Lucía Delgado y Luis Fernando Chacón (PLN); Carlos Avendaño y Floria Segreda (Restauración Nacional); Nielsen Pérez (PAC); Rodolfo Peña (PUSC) y Dragos Dolanescu (Republicano Social Cristiano).
Se espera que el Plenario realice la votación final a inicios de marzo, en donde también escogerá a un magistrado o magistrada para la vacante en la Sala Constitucional, luego de que la elección se pospuso.
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