La emergencia sanitaria generada por el COVID-19 causará muchas repercusiones sociales y económicas en la región de América Latina y el Caribe, una de ellas es la probabilidad de que las familias más pobres envíen a sus hijos menores de edad al mercado laboral, tras el incremento del desempleo y la pobreza.
Esa es una de las conclusiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado en el informe: América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con la CEPAL, existe una probabilidad de que aumenten las tasas de trabajo infantil. “La OIT estima que actualmente el 7,3% de los niños de 5 a 17 años (unos 10,5 millones de niños) de la región trabajan”.
Para la catedrática de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dina Espinosa, el país no está exento de sufrir un deterioro en las condiciones de vida de los niños y adolescentes; sin embargo, existe un sistema de ayuda social para esta población que es significativo y puede hacer la diferencia.
Agregó también que el COVID-19 está afectando la calidad de vida de las personas, debido a un deterioro drástico de la economía.
“Lo cual puede provocar que los adultos a cargo, especialmente las madres, tengan que salir a buscar trabajo, vender comida o brindar servicios con sus hijos pequeños a cuesta. Esto no permitiría que los niños y niñas que antes se quedaban en espacios para la primera infancia puedan tener la preparación educativa que allí recibían”, añadió.
En esa misma línea, el informe señala que debido a los efectos indirectos y directos de la pandemia, es muy probable que las actuales tasas de pobreza extrema (11,0%) y pobreza (30,3%) aumenten aún más en el corto plazo.
“Si los efectos del COVID-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría aumentar 3,5 puntos porcentuales, mientras que se prevé que la pobreza extrema aumente 2,3 puntos porcentuales”, señala el informe.
Repercusiones en Educación
En cuanto a la educación, el informe señala que la suspensión de clases en centros educativos tendrá efectos significativos en el aprendizaje, especialmente de los más vulnerables.
En Costa Rica, las lecciones se encuentran suspendidas desde el 16 de marzo y aún no se tiene clara la fecha de reanudación. Por el momento, las autoridades de Educación han indicado que del 13 al 17 de marzo los docentes deberán capacitarse para dar educación a distancia.
La CEPAL indicó también que aunque existen planes para promover los dispositivos digitales en los sistemas educativos, muchas instituciones no cuentan con la infraestructura de tecnologías digitales necesaria. A esto se suma que existen brechas en el acceso a las computadoras y a Internet en los hogares. “Los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia no están garantizados”.
“Además existen disparidades de acceso a los dispositivos digitales y a Internet de banda ancha entre las poblaciones urbanas y rurales, entre los sexos, entre las poblaciones que hablan o no el idioma oficial (español o portugués) y entre las poblaciones con o sin discapacidades”, se lee en el informe.
Destaca también que la suspensión de las clases tendrá un impacto en la nutrición y cuidado de los estudiantes, además de la participación de sus padres en el mercado laboral.
“Alrededor de 85 millones de niños y niñas reciben un desayuno, un refrigerio o un almuerzo en la escuela (FAO/PMA, 2019). Por lo tanto es importante asegurar la continuidad de los programas de alimentación escolar”, dice la CEPAL.
En el caso de Costa Rica, el Ministerio de Salud ha indicado que los CEN-CINAI permanecen abiertos; además brindan paquetes de alimentos a los niños, mujeres embarazadas y en período de lactancia que forman parte del programa.
Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) también se encuentra proporcionando paquetes de alimentos a más de 850 mil estudiantes.
Impactos en sistemas de salud
El documento dedica un apartado a la afectación que dejará a su paso el COVID-19 en los sistemas de salud de la región. La CEPAL destaca que el sector salud será golpeado por la escasez de mano de obra calificada y de suministros médicos.
“El gasto público del Gobierno Central en el sector, que en 2018 se situaba en un 2,2% del PIB regional (CEPAL, 2019; Naciones Unidas, 2020) está lejos del 6% del PIB recomendado por la OPS para reducir las inequidades y aumentar la protección financiera en el marco del acceso y la cobertura universal”, señala el informe.
Menciona también que los sistemas de salud de América Latina son débiles y fragmentados, lo que también provoca que se ofrezcan servicios de distinta calidad a diferentes grupos poblacionales.
A esto se suma que hay grandes brechas en el acceso a los sistemas de salud y que las instalaciones son insuficientes para el nivel de demanda previsto, además de que dependen en gran medida de la importación de equipamiento e insumos.
“La participación en los planes de seguro de salud para las personas empleadas de 15 años o más era solo del 57,3% en 2016, y entre la población del decil de ingresos más bajos, la cobertura era solo del 34,2%”, indica el documento.
La CEPAL finaliza el informe recomendando que se dé un estímulo fiscal de un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos.
Además ve necesario reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables, que los bancos centrales aseguren la liquidez de las empresas para garantizar su funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero, y que la cooperación internacional y organizaciones multilaterales apoyen a los países que se enfrentan a una presión fiscal, entre otros.
