En 1958, ante la necesidad de expansión del sistema educativo a todo el país, que entonces carecía de vías de comunicación o estas eran muy deficientes -en un territorio donde abundaban serpientes y las enfermedades como el paludismo y fiebre amarilla, y donde el promedio de vida no llegaba los 60 años-, se creó por Ley 2248, como un estímulo laboral para el trabajo docente, un sistema de pensiones que permitía a quienes sobrevivieran las condiciones de trabajo rural, pensionarse con una pensión equivalente a su último salario al cumplir los 30 años de labor. Para esto tendrían que aportar el 5%, el empleador MEP o universidades el 5% y el Estado otro 5% a un fondo de pensiones. Aportes superiores a los que deberían hacer los trabajadores en el IVM de la CCSS.
Estos derechos, sin embargo, se quedaron en el papel. Los docentes cotizamos, pero no se creó el fondo y los recursos aportados fueron indebidamente apropiados y gastados “en confites” por los ministros de Hacienda. En vista de la situación alarmante para los pensionados y la presión docente que se había creado, la Asamblea Legislativa aprobó que quienes habíamos cotizado hasta 1992 pasáramos a un fondo de reparto a cargo del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, con los docentes más jóvenes se crearía un fondo de capitalización colectiva RCC en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema). A todos se nos subió la cotización del 12% al 16% para sustentar el nuevo fondo o contribuir al fondo de reparto.
Al crearse el fondo de reparto se mantuvo el principio de pensionarse con el último salario. Cosa estipulada por la Ley 2248, lamentablemente esto fue aprovechado, insanamente, durante varios años por los políticos que habían sido embajadores, diputados o ministros para pensionarse con fondo de reparto con montos desproporcionados a cargo del presupuesto nacional. Aunque este portillo se cerró posteriormente, de ahí salieron gran parte de las pensiones de lujo, carentes de una adecuada cotización que las sustentara.
La existencia de estas pensiones, parapeto de los políticos, ha servido desgraciadamente para difamar a los docentes, como causa de la crisis fiscal y parásitos sociales. Esto ha servido a la gran prensa interesada para desviar la atención de la evasión fiscal de las grandes empresas y bufetes profesionales donde se asienta el capitalismo de amiguetes y dirigirla hacia las pensiones docentes. El remate de esta ofensiva ha sido la ley 9796, que ignorando los derechos contractuales y los aportes realizados despoja a los docentes de gran parte de su pensión a partir del 20 de junio para distribuirla “entre la población afectada por la crisis”.
Ya juzgados y condenados mediáticamente se ignoran sus aportes y derechos y se dispone de una parte sustantiva de sus ingresos. Consideran que no estamos en condiciones de defendernos, por ser los procesos judiciales nacionales lentos y por ser de avanzada edad.
Como ciudadanos y docentes, pensamos que hemos cumplido con nuestras obligaciones contractuales a la vista de todos. La pandemia del COVID-19, que nos coloca como grupo etario en primera fila de desaparición física, ha sido al mismo tiempo una evaluación de nuestra contribución a la educación ciudadana y formación racional de nuestra población, reconocida internacionalmente.
La formación y capacitación recibida por la población se expresa en la innovación en los campos nacionales en forma de cooperativas, microbeneficios de alta calidad mundial, bandas de música y actividades culturales que trascienden nuestras fronteras. Hemos alcanzado premios internacionales en café y en el cacao (ver Colegio de Sixaola), así como en el desarrollo desde la educación superior de ciencia y tecnología. Podemos decir con la frente en alto que cumplimos la tarea, mientras los políticos patrimonialistas que han tenido a cargo la gestión pública han fallado en casi todo.
Nuestro país es orgullo internacional por nuestro aporte al desarrollo; sin embargo, nuestros gobernantes le dan inestabilidad jurídica tratando de ocultar sus responsabilidades. Que unos políticos oportunistas se hayan colado, por portillos creados por Ley en el Sistema de Pensiones del Magisterio sin haber cotizado lo suficiente, no debe ser razón para afectar a quienes sí cotizaron de acuerdo con el contrato laboral y las leyes vigentes.
Es cierto, como bien lo expresa el Estudio de la Educación, que de cara al futuro hay muchas cosas que mejorar en el sistema educativo. Esto se logra con evaluación y seguimiento, no con populismo y manejo clientelista de los recursos públicos. Las nuevas generaciones de docentes tienen una gran tarea en sus manos, pero necesitan un liderazgo académico y sobre todo estabilidad jurídica. No se puede perder la confianza en la legalidad, porque nuestro sistema se resquebrajará y Costa Rica ya no será la misma.
Pienso que están equivocados. Si la justicia interna no resuelve, en el ámbito internacional habrá repercusiones serías para el país. Que cada palo aguante su vela y responda por lo que están haciendo.
Tendrán la responsabilidad de lo que suceda con el Magisterio. Así como los ministros de Hacienda que hicieron apropiación indebida de los recursos, que hoy sumarían un cuantioso fondo, los diputados que aprobaron las leyes sin un estudio legal y actuarial adecuado y los asesores del presidente.