El Presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la Ley de Justicia Restaurativa que fue aprobada en segundo debate por los diputados el pasado 11 de junio y que a su vez, levantó alerta de la Fiscalía en contra de algunos artículos del proyecto que debían ser modificados.
La ley corresponde a una iniciativa que permitirá a ciertos ofensores a purgar su sentencia fuera de una cárcel, por medio de medidas alternativas para personas que reciben una condena inferior a los tres años siempre y cuando la víctima este de acuerdo.
Los delitos en los que aplicaría la ley son en caso de conducción temeraria, desobediencia a la autoridad, estafas de seguro, hurtos, lesiones leves o fraudes de simulación y excluye delitos violentos o de crimen organizado.
De acuerdo con un comunicado de prensa que envió Casa Presidencial el presidente Alvarado optó aprobar y no vetar la ley, debido a que “confía en voluntad de diputados de corregir la ley y escuchar solicitudes de la Fiscalía”, así como indicaron los legisladores en días anteriores.
Los diputados de la Comisión Plena Primera indicaron que harán un nuevo proyecto de ley que incorpore las observaciones y sugerencias que hizo la Fiscalía y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) para excluir a los agresores sexuales y de género de los programas de adaptación.
“Demos una oportunidad al diálogo entre los Poderes de la República para superar los aspectos que deben mejorarse en esta importante legislación y asegurarnos el interés público con la exitosa aplicación de la Justicia Restaurativa”, manifestó el presidente Carlos Alvarado.
Por esta misma razón, el presidente envío a los legisladores las consideraciones expuestas por estas instituciones, para que se analicen y se “procure corregir los errores detectados”.
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Sugerencias
La Fiscalía señala principalmente que se modifiquen dos artículos de la Ley, el artículo 6 que plantea crear el órgano rector denominado “Dirección de Justicia Restaurativa”, el cual sería dependiente de los magistrados.
“Pese a que el artículo dice que las oficinas que ejercen la acción penal quedan fuera del alcance de ese ente rector, lo cierto es que es que el Ministerio Público tiene oficinas que no ejercen la acción penal, como lo es la Oficina de Atención a la Víctima del Delito”, especificó la fiscalía.
Emilia Navas, fiscal general considera que el proyecto implementando “es una buena forma de resolver conflictos entre las personas”, no obstante, debe de ser reformado en aspectos que afectan la independencia del Ministerio Público, a las mujeres -que son víctimas de violencia -y en el presupuesto que está destinado para ellas.
En cuanto al artículo 55, el cual habla sobre la creación de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito una Unidad de Justicia Restaurativa, únicamente para atender esta materia, también hay disconformidad con el presupuesto que se girará para este fin, pues la fiscalía alega que utilizará parte del dinero destinado a la atención y protección de personas víctimas de delitos, sin que el presupuesto para las víctimas aumente. El dinero se utilizaría en la creación de nuevas plazas y en la compra de vehículos.
El presidente de la comisión, Eduardo Cruickshank afirmó que impulsarán un proyecto en vía rápida para que se hagan las correcciones que hizo Emilia Navas, así como la presidenta del Inamu, Patricia Mora.
