El Poder Ejecutivo convocó este martes el proyecto de ley 21.922 para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por el Covid-19.
El proyecto de ley fue firmado por 40 diputados e impulsado por el sector municipal, representado por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), quienes presentaron este lunes la iniciativa legislativa.
Entre las disposiciones para el apoyo al contribuyente y patentado se encuentran las moratorias en el pago de tributos municipales y la ampliación del plazo estipulado para arreglos de pago.
Según Jonathan Espinoza, director ejecutivo de ANAI, la moratoria para el pago de patentes está enfocada hacia las pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar su negocio por orden sanitaria o por un asunto de costo–beneficio (mayores gastos en operación que ganancias por lo que comercian).
Además, Espinoza aclaró que no se trata de una condonación de deuda “no podemos abrir un proceso de condonación porque eso incluiría a todos los patentados, cuando en este momento hay patentados que están operando, y si están operando y eventualmente están percibiendo menos ingresos basta con que declaren para pagar menos”.
La moratoria también incluye a los contribuyentes que deben pagar tasas municipales para recolección de residuos y limpieza de parques, y los alquileres de los mercados municipales.
Adicionalmente se está planteando una reforma al Código Municipal en su artículo 88 para que se le permita a los gobiernos locales declarar inactivas las patentes de los comercios que no operen en casos de emergencia nacional o cantonal.
Actualmente el Código Municipal contempla en su artículo 88 que los municipios otorgan licencias para actividades lucrativas y se pagará un impuesto por dicha licencia. La iniciativa plantea que la municipalidad, además de tener potestad para emitir licencias, también pueda crear una categoría de inactivas en caso de emergencia.
La temporalidad de la medida sería de doce meses y pretende que los empresarios de las PyMes no tengan que volver a tramitar permisos ni realizar el pago del impuesto sin percibir ingresos por su actividad comercial.
Gestión financiera
Por otro lado, el proyecto plantea medidas de gestión financiera como la readecuación de deudas a municipalidades y concejos por parte de bancos, autorización para destinar hasta un 50% de sus ingresos ordinarios para atender los gastos generales de administración y otras medidas en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021.
“Las municipalidades en cualquier tipo de emergencia están en primera línea de acción y muchas de esas acciones salen de gasto corriente”, mencionó Espinoza.
Sin embargo, el artículo 102 del Código Municipal define que el porcentaje destinado a gastos generales de administración no debe exceder el 40% de los ingresos ordinarios municipales y no podrá financiarse con ingresos de capital.
Los principales ingresos de los municipios lo componen: el impuesto sobre bienes inmuebles, las patentes, la transferencia de capital del Gobierno Central y las tasas por saneamiento ambiental (limpieza de vías públicas, parques y recolección de residuos).
“Hay municipios que dependen más de las patentes que de bienes inmuebles. La realidad entre los municipios es muy distinta, unos tienen actividad comercial mucho mayor y otros tienen actividad de índole habitacional, es decir, bienes inmuebles”, destacó el director de la ANAI.
No obstante, según Espinoza, los planes de moratorias para apoyar al contribuyente afectarán la recaudación, es por eso que proponen flexibilizar el presupuesto, en especial por los compromisos de remuneraciones (planilla) y para evitar así despidos masivos que ponen en riesgo la parte administrativa y la prestación de servicios.
“El superávit podría venir a complementar los recursos operativos”, mencionó Juan Pablo Barquero, presidente de la UNGL.
Una de las medidas propuestas se vincula a la autorización para utilizar los recursos de superávit libre en gastos relacionados con la emergencia.
Según Barquero, aunque disminuyan los ingresos de la municipalidad el gasto corriente se mantiene y podrían apoyarse en el superávit para continuar con los servicios esenciales que se financian por las tasas de los contribuyentes pero que por la emergencia no están pagando.
Impacto ante menos ingresos
El director ejecutivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma) Luis Barrantes, expresó que dado que la autorización de gasto municipal por parte de la Contraloría se logra con una certificación de ingresos del año anterior, la reducción en el ingreso de este año tendría efectos en el presupuesto del próximo.
“Estamos en un escenario al que nunca habíamos entrado, porque la autorización de gasto fue elaborada con esa lógica de presupuesto, pero los ingresos van a caer drásticamente”, argumentó Barrantes.
Además, los ingresos de los municipios se verán afectados el próximo año debido a que el pago de patentes resulta de la declaración de ingresos que tuvo el comercio el año anterior, por lo que la disminución en ingresos durante el 2020 se traduce en un pago reducido al respectivo gobierno local.
“Se prevé que el aspecto de ingresos para gobiernos locales, sin distinción entre pequeñas y grandes, posiblemente vaya a tardar una recuperación de cuatro años”, indicó Barrantes, quien expresó también que la iniciativa es un consenso del régimen municipal.
En los próximos días iniciará el estudio y la discusión del proyecto de ley 21.922 por parte de los diputados.
