Los diputados del Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio, Enrique Sánchez y José María Villalta, revisarán las normas y leyes en las que se involucran relaciones de pareja, con el fin de blindar equidad de trato a los futuros matrimonios y uniones de hecho entre homosexuales.
El trabajo de los legisladores busca dar seguridad jurídica y reducir el margen de interpretación de algunas normas en temas de herencias, registro de propiedades, violencia contra la mujer y otros, que se crearon originalmente para parejas de sexo opuesto.
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La Sala Constitucional, en su fallo del pasado 9 de agosto, pasó la bola a los diputados para que, en 18 meses, construyan un marco legal que evite a jueces caer en interpretaciones legales que vayan de acuerdo con sus creencias personales.
Tras la consulta de UNIVERSIDAD, el diputado Enrique Sánchez solicitó un informe al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, con el fin de revisar todas las leyes que deben reformarse, a su criterio. “El proyecto de ley que está en la Asamblea contiene las adaptaciones a esos artículos y da mayor seguridad sobre los cambios que hay que hacer.
La Sala tendrá que dar luces con lo que ocurre con la legislación conexa, a raíz de los artículos inconstitucionales”, comentó Sánchez. “Mucha de la legislación nacional está impregnada de dogmas y del sistema patriarcal y de relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Estoy seguro de que se pueden encontrar muchos artículos más”, dijo.
Por su parte, José María Villalta aseguró que ante la posibilidad de que el proyecto de matrimonio igualitario sea bloqueado por la fracción del Partido Restauración Nacional, se buscaría la aplicación automática del fallo de la Sala IV. “Una vez reconocido el matrimonio igualitario, estas leyes quedan en el aire y sin ningún sustento.
Obviamente habrá resistencia de algunos jueces, pero será cuestión de tiempo para que esas leyes se vayan cayendo”, dijo Villalta, quien también afirmó que desde su despacho se estudian las normas que requieren de reforma. Abogados expertos en el tema de familia afirman que es importante que los diputados cierren cualquier portillo que induzca a confusiones o interpretaciones.
El juez Mauricio Chacón, suplente de la Sala Constitucional defendió la propuesta de dar un plazo de 18 meses para adaptar la legislación, en lugar de aprobar de inmediato el matrimonio igualitario. “Lo que la Sala determina es cómo se va a hacer efectivo el fallo. Se decidió entre lidiar a puro acierto y error, con discrepancias previsibles por la manera en que los jueces van a aplicar las normas, y el plazo de 18 meses, para que los diputados legislen”, explicó Chacón.
Por su parte, la exjueza de familia, Marlene Castillo, alegó que los diputados deberán crear las leyes que sean necesarias para evitar que los jueces decidan con base en prejuicios o creencias.
Se intentó conversar con la magistrada Julia Varela, de la Sala II, que revisa recursos de casación en temas de familia y eventualmente podría lidiar con una apelación a raíz de una mala interpretación, sin embargo, la jueza afirmó que opinará hasta que se publique el fallo completo. “Tenemos que reconocer que el derecho es heteronormativo y patriarcal. Muchas veces hacemos los análisis sin considerar un enfoque interseccional.
El Código de Familia es sumamente sexista y tiene cosas que no son aceptables en el marco de la La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, comentó Larissa Arroyo, activista y líder de la asociación ciudadana Acceder.
Este medio intentó contactar al diputado de Restauración Nacional, Jonathan Prendas, sin embargo, al cierre de edición, no contestó las llamadas.
