Un oficio de la Procuraduría General de la República (PGR) solicita reabrir una investigación ética contra el expresidente Luis Guillermo Solís por su relación con el caso del “cementazo”.
La información trascendió, de repente, durante el segundo debate del proyecto de ley de huelgas. El diputado liberacionista Roberto Thompson pidió el documento a la presidencia del congreso, su compañero de fracción Carlos Ricardo Benavides.
Tras la petición, los diputados hablaron contra la retención del documento de la PGR. Según explicaron Benavides y la oficialista Laura Guido (quien es secretaria del directorio), el oficio de la PGR llegó a sus despachos el lunes.
A las 12:33 p. m. del jueves, Benavides confirmó que presentó copias del oficio en las jefaturas de fracción. Al final de la sesión, Benavides aseguró que una versión digital les llegó a los diputados vía correo electrónico.
El presidente del congreso aseguró que dio aviso en plenario del martes sobre el documento. No obstante, según confirmó UNIVERSIDAD, en el acta de ese día no aparece tal información.
Fue un “error” dice presidente legislativo
Benavides se disculpó con el congreso por el “error administrativo” y explicó que dio órdenes de copiar a las jefaturas de fracción durante el miércoles.
“Yo anuncié el martes por la tarde, la existencia de este documento. Hubo un error importante de no haberlo distribuido ayer (miércoles) y asumo mi responsabilidad por no haberlo distribuido ayer como lo había planteado”, explicó Benavides.
Por su parte, Guido detalló que el oficio responde a recomendaciones “de fondo” y que ella no compartió el informe con ninguna fracción.
“Fui notificada por la Procuraduría el lunes, en la mañana. Fui notificada antes (que Benavides) porque pude atenderlo antes que el Presidente. En la tarde le hablé al presidente de este documento, me dijo que él aún no había sido notificado”, afirmó Guido.
Los diputados externaron molestia porque el documento fue citado en notas de prensa de este jueves. Se declararon en “desventaja” para los espacios de control político.
Entre otros legisladores que externaron enojo, el frentamplista José María Villalta llamó la gestión de Guido como una clase de “control parental”.
La oficialista Paola Vega pidió copias para cada curul de la Asamblea Legislativa y aseguró que no recuerda escuchar el aviso del presidente, durante el martes.
La independiente Nidia Céspedes pidió el nombre del funcionario que no distribuyó las copias durante el miércoles.
“Usted la leyó, desde el lunes. No es correcto que se retenga la información. Yo me estoy enterando ahorita”, expresó la liberacionista Ana Karine Niño.
El oficio de la PGR está fechado 20 de setiembre del 2019 y utiliza los criterios que los diputados de la Comisión investigadora del cementazo encontraron para calificar de “omisa” la investigación ética del expresidente Solís.
Según el informe de la Comisión, el procurador José Armando López pide “realizar formal investigación en torno a las recomendaciones”.
