La Ley de Empleo Público recientemente dictaminada para votar en plenario, tendrá competencia en la vía legislativa de un futuro proyecto con respaldo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), anunciado en conferencia de prensa.
“Los salarios más altos se congelan, los salarios más bajos se pasan de salario compuesto a salario global”, aseguró el diputado del PUSC Pedro Muñoz.
El proyecto en borrador afirma que “esto beneficiará en los casos donde el salario global sea mayor que el salario compuesto”.
“En el momento en que logren emparejarse (los salarios altos con el salario global), seguirán creciendo en la misma forma y no exponencialmente a partir de los componentes del salario actual”, dijo el liberacionista Roberto Thompson.
No obstante, según información dada por los diputados Muñoz y Thompson, su nueva propuesta deberá esperar un proceso de acuerdos. Mientras tanto, el proyecto dictaminado puede llegar a votación del plenario.
Los diputados someterán el texto a la construcción dentro de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, actualmente activa en un proceso de diálogo entre sectores.
Muñoz dijo que eligieron ese foro por su “alta representatividad” de distintos sectores políticos, “para que ahí se critique, expulgue y se construya”.
El liberacionista Thompson, por su parte, afirmó que la presentación “no es tan importante como la construcción de los acuerdos”.
De acuerdo con los proponentes, la primera diferencia entre su proyecto y la Ley Marco de Empleo Público (21.336) es que incorpora a los empleados actuales pero con un traslado “voluntario” hacia el salario global (aún no tiene su precisión monetaria).
La gradualidad con la que se aplicará el traslado, además, deberá ser reglamentada por la Dirección General de Servicio Civil. Este traslado evitaría que Gobierno pague indemnizaciones por afectar derechos adquiridos de los funcionarios públicos.
“Casualmente, al ser voluntario el paso, ya no hay daño alguno. No hay indemnización, hay una aceptación voluntaria con aquiescencia y voluntad expresa”, respondió Muñoz ante consulta de UNIVERSIDAD.
Thompson explicó que el régimen obligatorio “como se estableció en el dictamen” abre “la puerta de parte de quienes se vean obligados a cambiar el esquema salarial, uno de los componentes fundamentales de la relación laboral”.
En temas de convenciones colectivas, tema que se intentó regular dentro de la ley de Empleo Público dictaminada, Muñoz más bien dijo que la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas (la reforma fiscal) deja claro que las convenciones no pueden ir contra leyes vigentes.
“Habiéndose legislado al respecto hace dos años, no es necesario abrir ese tema nuevamente”, afirmó Muñoz.
Otro de los aspectos que los diputados destacaron es que mantienen la rectoría de empleo público en manos de la Dirección General de Servicio Civil, en lugar de pasarla hacia el Ministerio de Planificación (Mideplan).
Thompson afirmó que buscan “un régimen que tiene que estar fuera de la politización, de las decisiones que pueden estar sujetas a cambios de Gobierno en el futuro”.
En una carta que firmaron los diputados para la Asamblea del Banco Popular, se especifica que el nombre de la nueva iniciativa es Ley de Justicia en el Empleo Estatal y Fortalecimiento del Servicio Civil.
