Hablar a favor del aborto o del matrimonio igualitario podría significar un obstáculo para llegar a la Sala Constitucional, el máximo tribunal de derechos humanos en el país, sobre todo cuando la comisión que escoge a los magistrados es de mayoría conservadora.
Los diputados de la Comisión de Nombramientos recomendaron este martes a tres candidatos como los más aptos para el puesto: Anamari Garro, María del Rocío Carro y Hubert Fernández, dos de ellos con opiniones contrarias al aborto, mientras que a su vez, calificó con notas bajas a los candidatos que se manifestaron a favor de la agenda progresista.
La decisión se tomó, aún sin saber las razones, luego de consultar a la mayoría de los aspirantes sus posiciones en torno al aborto, matrimonio igualitario y Fertilización In Vitro, pese a que dos de estos temas ya fueron evacuados por la vía constitucional.
Las preguntas sobre estos asuntos fueron encabezados por los diputados de Restauración Nacional, Carlos Avendaño y Floria Segreda, y en una ocasión por la legisladora Marulin Azofeifa, quien reemplazó a Segreda en una de las sesiones.
De esta manera, candidatos como Hubert May, abogado que demandó a Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la no aplicación de la FIV, recibieron una calificación baja por parte de los diputados.
May se declaró a favor del aborto bajo cualquier circunstancia, pese a admitir que no hay ambiente en el país para discutir este tema.
“Me parece que lo que es correcto en este momento sería avanzar en hacer realidad la figura del aborto terapéutico que está contemplado en la Ley, que es legal pero que tiene limitaciones porque no se reglamenta. Y me parece que se debería avanzar en alguna legislación o alguna interpretación constitucional que impida que se le frustre la vida a niños que han sido objeto de violación y que se les obliga a tener un hijo, creo que eso ya se ha dado en otros países en Chile se acaba de aprobar una legislación en ese sentido, creo que deberíamos avanzar por ese camino”, dijo el abogado.
Tras estas declaraciones, May recibió una nota de 50 puntos de 100 posibles en la entrevista. De hecho, uno de los diputados le calificó con un 20, y otros tres, con un 40. El proceso definió que las calificaciones fueran secretas, por lo que no se puede conocer quién calificó de cierta forma a quién y las razones en particular.
“Yo intuiría que en el caso de los diputados de Restauración Nacional y Nueva República, en ellos sí influyó mis posiciones con estos temas. Esos votos de esos partidos los doy por descartados, por el tema de los puntos de vista que tengo, uno de ellos es que esos son partidos ilegales, son absolutamente inconstitucionales. Me han parecido un error del Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional que se permita la constitución de partidos confesionales, es una barbaridad”, dijo May.
Otra candidata penalizada fue la magistrada suplente Martha Esquivel, quien recibió un puntaje de 52 puntos. Esquivel votó en agosto pasado por declarar inconstitucionales las normas que prohíben el matrimonio igualitario. Junto al juez Paul Rueda, Esquivel ordenó a los diputados legislar a favor de las uniones entre parejas del mismo sexo en los próximos 18 meses, de lo contrario, el matrimonio igualitario entrará en vigencia.
Los diputados también descartaron a la abogada Patricia Vargas, jueza de Apelación con la cuarta mejor nota de atestados académicos y profesionales (92,5), a quien se le bajó el promedio ponderado tras ser calificada con 70 en la entrevista.
Vargas fue cuestionada por el diputado del Partido Republicano Social Cristiano, Dragos Dolanescu, sobre su opinión con respecto al matrimonio igualitario y el último fallo de la Sala Constitucional en esta materia.
“Yo en lo personal, estoy de acuerdo, me parece que eso no es sino felicidad para las personas, y no tengo ninguna objeción a que las personas sean felices, me parece que ninguno de nosotros la tiene, ningún ser humano podría tener objeción a que las personas sean felices”, dijo Vargas en su audiencia, a su vez, alegó que la Sala pudo validar el matrimonio igualitario sin la necesidad de esperar 18 meses.
En el otro lado de la acera, otros candidatos mostraron posturas conservadoras que se alinean con la de la mayoría de miembros de la comisión.
Una de ellas fue Anamari Garro, quien fue escogida en el primer lugar de la terna de recomendación. Garro obtuvo el segundo mejor puntaje en las entrevistas, luego de arrojar algunas luces sobre su criterio acerca del Estado laico y el aborto.
“A mí no estorba que se vaya hacia un estado laico, siempre y cuando se entienda que eso significa el respeto por la libertad religiosa, pero no me estorba en lo absoluto”, dijo Garro, consultada por la diputada del Partido Acción Ciudadana, Nielsen Pérez.
Sobre el aborto prefirió no dar una opinión, pues alegó que el tema podría verse en un futuro. “En la actual circunstancia, pues ya se ve que el aborto es un delito, que la vida humana está protegida a todo nivel, ¿qué pienso al respecto? Pienso que la sociedad civil tiene todo el derecho de manifestarse en uno u otro sentido y no puedo pretender que no haya movimientos que traten de cambiar la situación actual”, respondió, ante la duda de Carlos Avendaño. “La realidad actual es que no hay aborto, porque de lo contrario no habría esas manifestaciones para impulsar que haya aborto”, agregó. En el apartado de atestados académicos y profesionales, habían siete candidatos con mejores puntuaciones.
El juez suplente de la Sala Constitucional, Hubert Fernández se pronunció abiertamente en contra del aborto. El abogado llegó con la segunda mejor nota en atestados (96), y también pasó por el filtro de las preguntas sobre temas polémicos.
“Yo creo que el único aborto impune que debería existir es aquel que se hace únicamente para salvaguardar la vida de la madre cuando está en riesgo, yo personalmente tengo una posición restrictiva en cuanto al tema del aborto, tengo que ser absolutamente honesto con esa posición”, dijo Fernández, quien obtuvo una nota de 81 en la entrevista y fue recomendado en el tercer lugar de la terna.
En el caso de la segunda recomendada por la comisión, Maria del Rocío Carro, no fue consultada por ninguno de estos temas, en parte, porque el diputado Avendaño, quien usualmente hacía estas preguntas, no asistió a esta audiencia.
¿Qué tanto pesa?
Semanas atrás, UNIVERSIDAD consultó a Carlos Avendaño las razones por las cuales pregunta por temas como el aborto. Al respecto, el legislador reconoció que es importante conocer “los valores” de los candidatos y que este es un elemento más para tomar una decisión de este tipo.
En el caso de la presidenta de la comisión, Ana Lucía Delgado, afirmó que a nivel individual hizo un proceso lo más objetivo posible. “Estudié las sentencias, intenté ver cuál es el hilo conductor que llevan en materia constitucional, también revisé cuáles sentencias han sido apeladas. En mi caso yo no utilicé esto (posiciones en temas como aborto y matrimonio igualitario) como parámetro”, dijo Delgado, del PLN.
¿Y el mejor calificado?
Otro que quedó por fuera de las recomendaciones de la comisión fue el catedrático y penalista Álvaro Burgos, quien obtuvo la mejor calificación (99) en la revisión de títulos profesionales y experiencia laboral.
La calificación final de Burgos en la entrevista se vio afectada por el hecho de que solo cuatro de los siete diputados entraron a calificarlo, pese a que cinco de ellos estuvieron en la entrevista.
¿Qué sigue?
El expediente se aprobará la próxima semana y en él se podrán ver las justificaciones que dio cada diputado para sus votos. Una vez que sale de comisión, llegará al Plenario y los diputados deberán reunir 38 votos para elegir a un nuevo magistrado.
Por cuestiones de reglamento legislativo, los diputados pueden apartarse de las recomendaciones de la comisión y escoger a un candidato que esté por fuera de la terna o del concurso.
