Tras casi tres meses de su negociación y redacción, la Asamblea Legislativa envió a consulta un proyecto de moratoria crediticia en el marco de la pandemia por COVID-19 (Ley especial para la flexibilización crediticia; 21.940).
El texto lo estudiarán tres entes reguladores: Consejo Nacional de Supervisión Financiera (Conassif), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Banco Central. También, deberán pronunciarse por el proyecto la Asociación Bancaria Costarricense (que reúne a los 11 bancos del país y que, anteriormente, se ha opuesto a flexibilizar con una ley los créditos otorgados) y al Sistema de Banca para el Desarrollo (una banca de segundo piso que brinda recursos a instituciones financieras).
En abril, este plan fue consensuado entre fracciones políticas y, según trascendió en la discusión, su futura aprobación está atada a distintos acuerdos.
De acuerdo con el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, el expediente fue negociado para recibirse en plenario y enviarse a consulta. Por ello, este lunes no se elevó a primer debate.
Los diputados deberán esperar esos cinco criterios antes de continuar con el trámite.
Sobre los acuerdos de las fracciones se manifestaron otros diputados en plenario.
El socialcristiano Erwen Masís envió seis mociones con tal de incluir en la moratoria de pagos a los créditos productivos del sector agrícola (el texto cubre a “créditos de vivienda, vehículos, consumo incluyendo tarjetas de crédito, créditos personales y créditos para educación superior y técnica”).
Estas mociones, pese a tener respaldo con votos por la fracción del Partido Integración Nacional, las socialcristianas María Vita Monge y Shirley Díaz, así como del oficialista Welmer Ramos, fueron rechazadas.
El diputado Abarca dijo que “no estaban dentro del marco del acuerdo original”.
“Siempre se deja por fuera al sector agropecuario y eso me parece un error, un error muy grande. Si existe un acuerdo entendería que lo voten en contra pero que por lo menos lo analicen para verlo en las próximas mociones y próximos espacios”, replicó Masís en una de sus intervenciones.
“No hay voluntad en el consenso que lograron de que el sector agropecuario entre en esto. ¿Quién lo va a poder incluir al final si, como dicen en mi pueblo, ya está todo tamaleado?”, añadió en otra ocasión el socialcristiano.
El diputado Welmer Ramos pidió que, después de las consultas con las entidades, los diputados valoren modificar el proyecto para permitir que el Banco Central preste dinero a los bancos con un “redescuento”.
“Yo creo que ahí es donde el proyecto, ahora, en lo que sigue, deberíamos reformarlo y darle las capacidades al BCCR para que pueda hacer redescuentos a mediano plazo y trasladar esas tasas más bajas a los bancos”, dijo Ramos.
Esa tasa, dijo Ramos, debería ser menor al 20% (si es mayor, el legislador, teme que la capitalización de las deudas sea negativa a largo plazo).
De esa forma, los bancos podrían prestar dinero a sus clientes a tasas de inflación o de la misma política monetaria. Ramos descartó que la inflación afecte los precios de esos créditos.
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Moratorias en IVA sí avanzan
Por otro lado, los diputados aprobaron en primer debate dos planes impulsados por la fracción de Liberación Nacional para modificar el aporte tributario del sector turístico (21.934) y el sector de construcción (21.934).
El diputado Enrique Sánchez, jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana pidió buscar una “alternativa” para compensar la reducción de ¢1,2 billones en los ingresos del Gobierno.
“Hay algunas propuestas de encontrar esta compensación como (eliminar) la exoneración de renta del salario escolar y otras que se han presentado, y que compañeros y compañeras han sugerido y que podrían funcionar”, dijo Sánchez.
Esta compensación la solicitó la contralora Marta Acosta, en audiencia con la Comisión de Hacendarios que estudia el tercer presupuesto extraordinario.
El plenario aprobó en primer debate un tercer proyecto de la pandemia, el 21.888.
Este texto permitirá que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) use recursos tributarios y del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para “la atención personas adultas mayores en estado de necesidad, abandono o indigencia, realizados por instituciones públicas o privadas, mientras esté vigente el decreto N.°42227-MP-S con fecha del 16 de marzo del año 2020”.
