Los diputados de la Asamblea Legislativa tomaron un receso de una hora para discutir si se procederá a presentar el proyecto de reforma fiscal a la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que el Poder Judicial dé su criterio al respecto, o de lo contrario, votarlo y proceder a la consulta después de darle una aprobación en primer debate.
Los legisladores están estudiando el informe del Departamento de Servicios Técnicos, emitido ayer tras una consulta del diputado de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, el cual advierte que la Presidencia de la Asamblea Legislativa no hizo las consultas obligatorias ni la publicación del texto sustitutivo, lo cual podría traer un vicio de procedimiento que complicaría el futuro del proyecto.
“No puede obviar esta asesoría la reiterada jurisprudencia constitucional respecto a os vicios de procedimiento por la omisión de consultas obligatorias y publicación de los textos sustitutivos que son la base de discusión en un momento procesal en el trámite de formación de la ley”, recordó el informe.
De acuerdo con el informe, el proyecto es de consulta obligatoria con instituciones como el Banco de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, Instituto Costarricense de Electricidad, Bancos del Estado, Aresep, municipalidades, instituciones autónomas, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial y universidades públicas.
Al respecto, la diputada Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional, afirmó que en medio de esta decisión chocan decisiones técnicas con decisiones políticas.
“Nosotros lo que quisiéramos primero es escuchar un escenario claro de interpretaciones y pasado eso valorar ya de parte nuestra y le damos confianza plena a Carlos Ricardo (Benavides) como jefe de fracción”, dijo Hernández.
Benavides afirmó ayer que “los procesos legislativos son complejos siempre, inclusive los comunes, de manera que la Sala Constitucional siempre puede considerar cosas nuevas o algunas experiencias que se han presentado en otros momentos”. Eso sí, subrayó que él “no observa ningún tema específicamente complicado sobre el trámite”, por lo que espera confiado.
“Me parece que se ha respetado el derecho de enmienda, ha habido una gran amplitud en la discusión y que a este procedimiento se le llame vía rápida es un eufemismo. Siete meses no son rápidos ni aquí, ni en China, siete meses es un tiempo muy considerable para atender un asunto de la extensión política y social de este proyecto y creo que ha sido un plazo más que razonable”, concluyó.
Por su parte, José María Villalta, diputado del Frente Amplio, criticó que la bancada oficialista busque acelerar la votación. “Lo que he oído es que el Gobierno piensa jugársela y mandar el proyecto a la Sala IV y que sea la Sala la que decida, pero me parece una actitud irresponsable y demasiado arriesgada, pues habría más bien que hacer esfuerzos para atender las preocupaciones de la Corte y lo que hemos visto en estos días es que están intentando intimidar a los magistrados”, dijo Villalta.
El diputado independiente a favor del proyecto, Erick Rodríguez, afirmó que solo existen dos opciones: votar el proyecto y que la Sala decida o arriesgarse a esperar y que “sucumba ante la efervescencia de las calles”.
Los diputados de Restauración Nacional, la fracción más grande que adversa el proyecto aún no ha confirmado que aportarán las firmas necesarias para enviar la iniciativa de ley a consulta con la Sala IV, sin embargo, su diputado, Eduardo Cruickshank dijo que “como abogado, creería conveniente hacerlo”.
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