Un problema eléctrico impidió que la Asamblea Legislativa sesionara la tarde de este lunes, imposibilitando la esperada discusión sobre las revelaciones de los Papeles de Panamá, acerca del involucramiento de empresarios y políticos nacionales en negocios offshore.
No obstante, en declaraciones, diputados de diversos partidos abogaron por una investigación a profundidad de la información divulgada y por que se avance en la discusión del proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que se discute desde hace más de un año en el congreso.
Un problema en el fluido eléctrico impidió que se distribuyera a tiempo a los congresistas el orden del día y el acta de la sesión anterior, como manda el procedimiento.
Esto hizo que no se realizara la sesión, al no haberse cumplido el principio de publicidad de obligatorio acatamiento, a pesar que se contaba con quórum de 47 legisladores presentes, explicó el socialcritiano Rafael Ortiz, presidente legislativo.
En horas de la mañana, el diputado Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario, convocó a una conferencia de prensa en la que atacó “la burda manipulación de la información elaborada por parte del Semanario Universidad.”
UNIVERSIDAD reseñó este lunes en unos de sus reportajes relacionados con la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca de Panamá, que en la oficina de de abogados de Guevara y de la que luego sería ministra de Transportes, Karla González, se constituyó en Costa Rica en 1989 la sociedad Mossack Fonseca & Compañía S.A..
González fue inscrita como vicepresidenta de la junta directiva y Guevara fue el notario público que registró la escritura en el siento 8.940 del tomo 73 de su diario, según la documentación publicada.
“Es falso que yo haya creado la sociedad que menciona el Semanario Universidad en unos de sus titulares. Hace 27 años comparecieron ante mí como Notario Público las personas consignadas en la información para constituir dicha sociedad, no mi persona. Los comparecientes constituyeron una sociedad costarricense, no una sucursal de ninguna sociedad extranjera, como erróneamente lo consignan en el Semanario Universidad”, señaló Guevara en un comunicado.
Guevara dijo no conocer a ninguna de las personas del Bufete panameño citado en la información, y que dicha sociedad no tuvo ninguna actividad y según consta en el Registro Nacional la misma fue disuelta en el año 2012.
LEY ANTI-FRAUDE
En tanto, el diputado Ottón Solís, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), consideró que las publicaciones hechas por el Semanario Universidad y el medio digital Amelia Rueda explican que hace falta transparencia y por qué urge que se apruebe la ley contra el fraude fiscal, que permita al ministerio de Hacienda tener una lista de los dueños finales con nombres y apellidos de las sociedades y cadenas de sociedades.
Solís, frecuente crítico del gobierno de su propio partido, dijo que le agradaba la reacción del Poder Ejecutivo ante las publicaciones. “De una vez hicieron una reunión (de gabinete) esta mañana (lunes), el Ministerio de Hacienda va a investigar cada uno de los casos, así que en buena hora la revelación, la transparencia es buena para el país y la sociedad”, comentó Solís.
Patricia Mora, diputada y presidenta del Partido Frente Amplio, dijo
que su agrupación está estupefacta con lo publicado y el detalle con que se expone la forma como se produce la evasión y la elusión fiscal en el país, lo cual constituye un “crimen social”.
“Ahora nadie tiene cara para levantarse en el plenario legislativo a
decir que no se necesita el registro de accionistas para poder saber
quiénes son los beneficiarios finales de los negocios”, comentó Mora en alusión a la férrea oposición de Guevara y otros diputados a que se cree un registro centralizado de acciones a disposición del Ministerio de Hacienda para poder rastrear a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas en el país.
Para la diputada del FA, “esto (los Papeles de Panamá) está saliendo en un momento en que estamos a las puertas de tener que abocarnos al conocimiento de un plan fiscal que creemos que tiene que ser un plan fiscal progresivo, en donde además de impedir el fraude, nosotros pongamos a tributar a los que más tienen.”
La diputada liberacionista Paulina Ramírez, integrante de la Comisión de Hacienda que analiza en el congreso el paquete de leyes que presentó el gobierno de Luis Guillermo Solís para combatir el creciente déficit fiscal de más de 5% del producto interno bruto (PIB), se mostró preocupada por las revelaciones de los Papeles de Panamá, y llamó a avanzar lo más pronto posible en la aprobación de la ley que da herramientas para luchar contra el fraude fiscal.
“Como integrante de la subcomisión de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios que estudia el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, me preocupan mucho los presuntos casos de evasión fiscal revelados en la prensa recientemente, los cuales deberán ser investigados a fondo para determinar si efectivamente incurrieron en prácticas ilegales”, indicó.
La presidenta de la mencionada comisión, la socialcristiana Rosibel Ramos, manifestó que “lo que sale publicado en el Semanario UNIVERSIDAD es un tema que hay que investigar, y si se cometió una ilegalidad que se haga una investigación y lleguemos hasta las ultimas consecuencias.”
En cuanto a la oposición que han presentado a la creación del registro de accionistas que demanda el Ministerio de Hacienda, aseguró que ella como presidenta y la mayoría de los miembros de
la comisión están de acuerdo con que el gobierno tenga acceso al registro de accionistas, y lo único que quieren es que se garantice la seguridad. Que haya un artículo donde se garantice que la información la tengan dos o tres personas con claves, y si estas rompen la confidencilidad, que puedan ser procesadas y hasta castigadas con cárcel, anotó Ramos.
Las fracciones legislativas tanto del PAC como del PLN lanzaron sendos llamados a acelerar la discusión y aprobación de la ley contra el fraude fiscal y demás proyectos de reforma fiscal que están en la corriente legislativa, e incluso el PAC anunció que impulsará la vía rápida para la aprobación de la ley contra el fraude.
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