Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos le dieron un plazo de 30 días hábiles al Gobierno para presentar un proyecto de ley que regule la operación de Uber y cualquier otra plataforma similar.
La decisión la tomaron este miércoles por la tarde, tras argumentar que no darán más largas al asunto y que los plazos se respetarán. De esta manera, los legisladores suspendieron la revisión de borradores y proyectos presentados en la Asamblea Legislativa sobre esta materia.
“Vamos a darle chance al MOPT para discutir esto. A partir de hoy, está del lado del Ejecutivo que se envíe una propuesta”, dijo Pablo Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, quien preside esa comisión.
El pasado miércoles, el Gobierno instó a la empresa Uber a cesar sus operaciones en el país, luego de una solicitud de los taxistas del pasado 22 de agosto, en donde se le pedía al Poder Ejecutivo “el cierre y bloqueo” de la plataforma.
Tan solo dos horas después del llamado del Gobierno, la empresa Uber afirmó que seguiría ofreciendo sus servicios en el país.
El Gobierno se comprometió a promover la creación de un nuevo marco normativo; no obstante, el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, no especificó un plazo para iniciar con la elaboración.
Más bien, Méndez indicó que “el plazo nos lo tenemos que imponer nosotros mismos”, teniendo en consideración que existe una afectación socioeconómica, pues el servicio ha generado empleo, según explicó la semana anterior.
Otras iniciativas
Mientras esperan una iniciativa de este Gobierno, pasan a un segundo plano las iniciativas para regular a este tipo de plataformas. Una de ellas es la propuesta de Franklin Corella, exdiputado del Partido Acción Ciudadana.
El proyecto del diputado definía dos tipos de movilidad colaborativa: abierta y cerrada. La abierta aplica para servicios como Uber, Cabify y Lyft, mientras que la cerrada abarcaría a instituciones públicas, empresas privadas y centros de enseñanza, para servicios de carpooling, en donde varias personas se ponen de acuerdo para ir al trabajo en un mismo vehículo.
La iniciativa también buscaba la creación de la Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa, bajo la sombrilla del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Además, establecía requisitos, sanciones e incentivos para los conductores de estas plataformas, inclusive fijaba un cobro del 3% en cada viaje que se destinaría al financiamiento de programas de movilidad urbana en el país.
Como parte de la consulta a los involucrados, Uber había manifestado su discrepancia con algunos puntos del proyecto y la ausencia de algunos puntos. La empresa le alegó a Corella que su proyecto no contemplaba el transporte de objetos, solo de personas, con el fin de regular también la plataforma de Uber Eats.
Otra de las observaciones al diputado era que solo se tomaba en cuenta el transporte terrestre, y no se regulaba la posibilidad de transporte marítimo o aéreo. En otros países, la empresa ofrece el servicio de traslado en bote (UberBoat), así como el transporte en helicóptero (Uber Copter).
